Nogales, Sonora.— La Fiscalía General de la República informó la detención y deportación desde Estados Unidos de Sandra Lucía Téllez Nieves, señalada por el Incendio en la Guardería ABC del , que dejó 49 menores muertos y 106 lesionados.
Puntos clave
- La FGR reportó la deportación y captura de Sandra Lucía Téllez Nieves en la Garita Dennis DeConcini, Nogales.
- El cumplimiento del mandato judicial corrió a cargo de la Agencia de Investigación Criminal con apoyo del Gabinete de Seguridad.
- Fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo y puesta a disposición del juez competente.
- Téllez Nieves fue sentenciada a casi 29 años por homicidio y lesiones culposas relacionadas con la Guardería ABC.
- Padres agrupados en el Movimiento Cinco de Junio exigen investigación y responsabilidad para funcionarios implicados.
Detención en Nogales y traslado a Hermosillo
La FGR indicó que la deportación se realizó por la Garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora. La captura se concretó tras su localización en Estados Unidos, donde permanecía prófuga desde 2022.
El mandato judicial fue cumplimentado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Posteriormente, las autoridades trasladaron a Téllez Nieves al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo.
Sentencia por la Guardería ABC y cargos contra Téllez Nieves
Téllez Nieves fue condenada a casi 29 años de prisión por homicidio y por lesiones culposas derivadas del Incendio en la Guardería ABC. La Fiscalía responsabilizó a la imputada conforme a la resolución judicial previamente dictada.
Tras su ingreso al penal de Hermosillo, quedó a disposición del juez competente para las diligencias que corresponden al cumplimiento de la sentencia. Las autoridades no detallaron en su comunicado fechas adicionales ni el calendario de audiencias.
Reclamo de familiares y Exigencia de investigación a funcionarios
Padres agrupados en el Movimiento Cinco de Junio señalan a Téllez Nieves como una de las principales responsables y reiteran su demanda de justicia. El colectivo exige que todos los implicados, incluidos funcionarios que autorizaron o supervisaron la guardería, enfrenten consecuencias penales.
La detención reaviva el reclamo por verdad, reparación y justicia integral para las familias afectadas. Las organizaciones de víctimas han pedido que las investigaciones sean exhaustivas y que se esclarezcan las responsabilidades administrativas y penales pendientes.
