Renuncia en el DIF de La Paz, dimisión del director y contexto institucional
Mario Cristalinas presentó su renuncia como director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de La Paz mediante una carta dirigida a la presidenta municipal, Martha Guerrero. La dimisión fue oficializada sin que el exfuncionario o el ayuntamiento detallaran públicamente las causas que motivaron su salida del cargo.
En la carta de despedida Cristalinas expresó que concluía su periodo de servicio al frente del organismo y resaltó la responsabilidad asumida durante su gestión. El documento no contiene explicaciones sobre la relación de la renuncia con las investigaciones en curso por la desaparición y posterior asesinato del menor identificado como Fernando.
Carta de renuncia y ausencia de motivos formales
La misiva de renuncia se limitó a una despedida formal y a una expresión de responsabilidad en términos generales, sin ofrecer datos sobre decisiones administrativas o investigaciones internas. No se informó de sanciones, auditorías o procedimientos disciplinarios públicos vinculados al DIF durante su mandato.
Ni la administración municipal ni el exfuncionario han proporcionado un pronunciamiento que aclare si la renuncia estaba relacionada con la atención al caso del menor o con presuntas omisiones de las autoridades locales. Esa ausencia de explicación ha generado cuestionamientos entre vecinos y pobladores.
Desaparición de Fernando, caso del menor y denuncia por desaparición forzada
La familia reporta que Fernando, un menor de cinco años, fue raptado el 28 de julio por tres personas que habrían actuado por una supuesta deuda atribuida a su madre. Según la versión familiar, la deuda ascendía a mil pesos y habría sido el motivo del secuestro.
La denuncia formal por desaparición forzada se presentó hasta el 4 de agosto, varios días después del presunto hecho. La cronología señalada por la familia plantea interrogantes sobre la atención y la respuesta de las autoridades en los días iniciales tras la desaparición.
Cronología reportada y elementos de la denuncia
El reporte familiar establece el 28 de julio como la fecha del rapto y el 4 de agosto como la fecha de presentación formal de la denuncia por desaparición forzada. Esos plazos son citados por los allegados como parte del expediente que justificó posteriores acciones legales.
Los familiares han señalado detalles sobre los presuntos agresores y el supuesto móvil económico del hecho, y sostienen que hubo demoras en la respuesta institucional. La versión familiar es el eje de la carpeta de investigación que solicitan abrir contra autoridades locales y estatales.
Acusaciones de presunta negligencia, investigación administrativa y posible carpeta de investigación
Vecinos y pobladores han vinculado la salida del director del DIF con la presunta falta de atención de las autoridades durante el caso del menor. Esos reclamos apuntan a una percepción de inacción o respuesta insuficiente por parte de instancias locales encargadas de la protección de la infancia.
La abogada de la madre, Fabiola Villa, informó que evalúan abrir una carpeta de investigación contra autoridades locales y estatales, argumentando que las solicitudes de ayuda de la familia fueron ignoradas. Esa posibilidad implica investigar responsabilidades administrativas y penales en el manejo del caso.
Reclamos de residentes, testimonios y periodo de gestión
Testimonios de residentes sostienen que durante los ocho meses en que Cristalinas estuvo al frente del DIF se presentaron reclamos por la intervención del organismo en la desaparición del menor. Esos testimonios forman parte de la narrativa que liga la renuncia con presuntas fallas institucionales.
Los denunciantes señalan deficiencias en la atención y comunicación con la familia afectada, y solicitan que se esclarezcan las acciones tomadas por el DIF y otras autoridades. La solicitud de abrir investigaciones busca documentar formalmente esas quejas y determinar posibles omisiones.
