Renta de patrullas en Los Mochis: disputa y costos
El arrendamiento de patrullas en Los Mochis generó cuestionamientos por el monto asignado al contrato de vehículos policiales. El acuerdo abarcó la renta de 30 unidades tácticas durante un periodo inicial de tres meses, con un desembolso aproximado de 1.5 millones de pesos mensuales.
Organismos ciudadanos señalaron la falta de transparencia en la licitación y advirtieron posibles sobrecostos. En contraste, el gobierno municipal defiende que la modalidad de alquiler respondió a la necesidad urgente de reforzar la vigilancia en zonas conflictivas.
Detalles financieros del contrato de arrendamiento
Según documentos oficiales, el contrato de alquiler incluyó servicios de mantenimiento preventivo y cursos de capacitación para tripulaciones. El pago por adelantado equivalió al 30% del total convenido, mientras que el saldo se distribuyó en facturaciones mensuales.
Expertos en finanzas públicas advirtieron que la modalidad de renta podría resultar más onerosa que una compra directa, si se extendiera el plazo original. La comparación de precios con adjudicaciones previas revela diferencias de hasta 20% en tarifas por kilómetro recorrido.
Defensa pública de Vargas Landeros sobre el contrato de patrullas
El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, insistió en que la decisión de rentar patrullas fue tomada con asesoría legal y técnica. Señaló que la medida permitió cubrir brechas en la seguridad ciudadana de forma inmediata.
Vargas Landeros afirmó que «la verdad saldrá a la luz» al concluir las revisiones internas y auditorías, y reiteró que no existen irregularidades en los documentos firmados ni en los servicios pactados.
Argumentos oficiales frente a las críticas
La administración municipal sostuvo que el arrendamiento evitó demoras en los procesos de compra y que las empresas proveedoras cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas. Además, subrayó la inclusión de cláusulas de penalización en caso de incumplimiento.
No obstante, colectivos de vigilancia vecinal señalaron falta de un plan de mejora continua y cuestionaron la ausencia de reportes de desempeño. Exigieron acceso a los informes de kilometraje y operatividad para verificar el uso real de las patrullas.
Cuestionamientos al proceso y llamado a la transparencia
Organismos de fiscalización estatal anunciaron la revisión del procedimiento de contratación para determinar si se respetaron los principios de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos. El objetivo es verificar posibles excepciones al proceso de licitación pública.
Grupos de la sociedad civil solicitaron que se publiquen las actas de adjudicación, los criterios de selección y la relación de costos desglosados. Insisten en la necesidad de garantizar que el gasto público se ajuste a parámetros de eficiencia y legalidad.
Solicitudes formales de información y seguimiento
La junta de transparencia local emitió solicitudes de acceso a la información para conocer el detalle de las pólizas de seguro y las cláusulas de mantenimiento. El plazo para entregar la documentación expiró sin reporte público de avances.
En paralelo, se presentaron recursos de revisión ante el Instituto Estatal de Transparencia, con el fin de obtener copias de los contratos y facturas completas. Los solicitantes advierten que de no recibir respuesta, promoverán acciones legales por incumplimiento de la ley.
