Durante el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, la Iniciativa Privada (IP) expresó inquietudes cruciales sobre la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Según el documento de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se destaca la necesidad de una implementación gradual para aquellos partidos aún indecisos.
La petición de los partidos se centra en evaluar cómo la modificación afectaría la cotización a la seguridad social y los sectores especializados. El informe subraya propuestas específicas de los grupos parlamentarios para proporcionar un «blindaje jurídico» a la propuesta.
En octubre de 2022, la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) propuso la reforma para reducir la jornada laboral. Aunque la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen en abril de 2023, la posible revisión o modificación se plantea ocho meses después.
Las cámaras empresariales expresaron en el Parlamento Abierto que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) podrían enfrentar dificultades para brindar más de un día de descanso, sugiriendo que la reforma podría aumentar la informalidad o cerrar empresas.
En cuanto a la seguridad social, los representantes empresariales advierten sobre el impacto negativo en la recaudación de ISR y las cuotas de seguridad social. Sin embargo, la Comisión de Seguridad Social afirma que no hay un impacto económico negativo en las cuotas patronales.
La Confederación de Cámaras Industriales destaca que la reforma encarecerá la mano de obra especializada, generando dificultades para las empresas. Además, se señala la disminución de la productividad laboral.
Aunque la iniciativa busca ser aprobada antes del 15 de diciembre, las numerosas preocupaciones y demandas expresadas en el Parlamento Abierto podrían retrasar su dictaminación. El presidente de la Jucopo, Jorge Romero Herrera (PAN), destaca la posibilidad de modificar la propuesta, pero advierte que no lo harán apresuradamente.
