Modificación de la Guardia Nacional: reforma Guardia Nacional y estructura legislativa
La iniciativa propone habilitar un permiso especial para que elementos activos de la Guardia Nacional compitan por cargos de elección popular sin la necesidad de autorización del Congreso. Esto implicaría un cambio significativo en la relación entre fuerzas armadas y poder civil.
Movimiento Ciudadano, a través de su coordinadora Ivonne Ortega, denuncia que la reforma vulnera los mecanismos de control y equilibrios previstos en la Constitución. Se señala que las decisiones quedarían en manos del comandante jefe o del secretario de la Defensa.
Licencia especial para candidaturas militares y autorización interna
El dictamen plantea que los efectivos sólo requieren el visto bueno de su superior jerárquico, omitiendo la evaluación y ratificación de la Cámara de Diputados o el Senado. Esto acota la participación ciudadana en el proceso de designación.
La medida permitiría a los militares en activo iniciar campañas electorales y separarse temporalmente de sus funciones sin límites claros de supervisión. Se critica la ausencia de criterios transparentes para conceder o rechazar la licencia.
Procedimiento de solicitud del permiso militar
Para acceder a la licencia especial, el elemento debe presentar una solicitud al comandante jefe, quien evaluará el cumplimiento de requisitos internos. No existe plazo máximo para resolver.
En caso de negativa, no se prevé recurso parlamentario ni revisión judicial específica, lo que podría consolidar discrecionalidad excesiva en el ámbito castrense.
Análisis jurídico, voto en contra y postura crítica
Ivonne Ortega calificó la iniciativa como autoritaria y advirtió que viola la legislación vigente al saltarse controles legislativos. Declaró su voto en contra del dictamen en el pleno.
El argumento central se basa en la supuesta contravención de principios de separación de poderes y rendición de cuentas. Se subraya que cualquier cambio a la Guardia Nacional debe pasar por debate y aprobación parlamentaria.
El rechazo parlamentario por parte de Movimiento Ciudadano busca preservar los límites al poder militar y garantizar que las candidaturas civiles mantengan espacios de deliberación pública.
