Senado pide reforzar estrategias contra la captación de menores por crimen organizado
El Senado de la República ha llamado a la acción al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para intensificar las medidas destinadas a prevenir y combatir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada. Esta solicitud se enfoca especialmente en el estado de Sinaloa y en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el dictamen aprobado por los senadores, se subraya la importancia de abordar el problema desde múltiples frentes, reconociendo la complejidad de su abordaje y la necesidad de una respuesta coordinada entre diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad.
Aspectos multifacéticos del reclutamiento juvenil
El reclutamiento de menores por grupos delictivos abarca diversas dimensiones, incluyendo factores a nivel individual, familiar, comunitario y escolar. Este fenómeno no solo involucra a las organizaciones criminales propiamente dichas, sino también a las familias que forman parte de estas estructuras delictivas y a las pandillas que operan en distintos contextos.
Una vez que los menores son captados, se les somete a un proceso de adoctrinamiento que busca inculcar valores criminales, modificar su lenguaje, introducir prácticas de consumo ilícito y establecer patrones de ocio que refuercen su pertenencia al grupo. Este proceso está diseñado para crear un sentido de identidad y lealtad hacia la organización criminal.
Impacto en la condición de los menores involucrados
A pesar de su participación activa en estos grupos, las niñas, niños y adolescentes reclutados no deben ser considerados como agresores, sino como víctimas de la delincuencia organizada y de las circunstancias que los llevaron a integrarse a estos entornos. Las condiciones sociales, económicas y familiares juegan un papel crucial en su vulnerabilidad frente a la captación por parte de las pandillas y organizaciones criminales.
Es esencial reconocer esta realidad para desarrollar políticas públicas efectivas que no solo busquen desmantelar las estructuras delictivas, sino también ofrecer alternativas y apoyo a los jóvenes en riesgo, facilitando su reintegración social y educativa.
