Estados Unidos.— El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ordena reclasificar la marihuana de la lista I a la lista III de la ley federal de sustancias controladas, reduciendo su estatus legal a nivel federal.
Puntos clave
- La orden ejecutiva mueve la marihuana de la lista I (alto potencial de abuso, sin uso médico aceptado) a la lista III.
- El cambio no legaliza el cannabis a nivel federal ni autoriza el uso recreativo en todos los estados.
- Se espera que la reclasificación facilite la investigación médica y reduzca algunas barreras regulatorias.
- Empresas y activistas saludan la medida; legisladores conservadores la critican por minimizar riesgos.
Reclasificación de la marihuana en la ley federal
La orden instruye al gobierno federal a trasladar la marihuana de la lista I (Schedule I) a la lista III (Schedule III) de la ley de sustancias controladas. Bajo la clasificación previa, la planta figuraba junto a drogas consideradas de alto abuso y sin uso médico aceptado.
Con la nueva etiqueta, la marihuana pasará a un grupo donde se reconocen usos médicos y un menor potencial de abuso en comparación. No obstante, el texto de la orden no cambia automáticamente leyes estatales ni crea permiso federal para consumo recreativo.
Efectos esperados en investigación médica y regulaciones
Especialistas y la industria señalan que la reclasificación podría ampliar el acceso a estudios clínicos y facilitar la trámites para investigación. La presencia en lista I había limitado ensayos y complicó la obtención de permisos y suministros para científicos desde los años 70.
Además, analistas indican que el cambio podría reducir ciertas cargas fiscales y administrativas para empresas del sector. Instituciones financieras podrían evaluar nuevas opciones de banca e inversión para negocios cannábicos que hasta ahora han enfrentado restricciones.
Reacciones políticas, activistas y sector cannábico
Activistas y compañías del cannabis recibieron la orden con respaldo, argumentando que adapta la norma federal a la realidad de estados que ya permiten uso médico o recreativo. El sector privado busca ahora mayores certezas regulatorias y acceso a servicios financieros.
Sin embargo, varios legisladores conservadores rechazaron la medida y advirtieron que rebajar la clasificación podría enviar un mensaje equivocado sobre los riesgos del consumo. La decisión generó un debate político sobre el equilibrio entre salud pública y apertura económica.
