Revocación de Directrices Migratorias Anteriores
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha eliminado una directriz establecida por la administración de Joe Biden en 2021. Esta medida previa restringía a las autoridades migratorias de realizar arrestos o redadas en ciertos lugares sin la aprobación de un superior. La nueva decisión permite a los agentes migratorios actuar con mayor autonomía en la ejecución de sus funciones.
La directriz original de Biden tenía como objetivo proteger espacios considerados esenciales, como centros educativos, de salud y lugares de culto, asegurando que la presencia de agentes no disuadiera a los ciudadanos de acceder a servicios vitales.
Implementación de Redadas en Espacios Tradicionalmente Protegidos
Bajo la administración de Donald Trump, se ha autorizado la realización de redadas migratorias en ubicaciones previamente resguardadas, incluyendo escuelas, iglesias y hospitales. Esta política representa un cambio significativo respecto a las estrategias migratorias anteriores, enfocándose en la intensificación de las deportaciones.
La decisión se alinea con la promesa de campaña de Trump de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de Estados Unidos, enfatizando el cumplimiento estricto de las leyes migratorias.
Justificaciones del DHS y Alegaciones sobre Criminalidad
El portavoz del DHS ha declarado que la nueva directriz «empodera» a los agentes migratorios para «seguir las leyes» y capturar a aquellos denominados «criminales extranjeros». Sin embargo, estas afirmaciones no han sido respaldadas con pruebas o ejemplos concretos que demuestren la presencia de delincuentes en los lugares mencionados.
El comunicado del DHS señala que existen personas que se esconden en instituciones como escuelas e iglesias para evadir arrestos, aunque no se han proporcionado datos que sustenten estas alegaciones.
Impacto de la Política Migratoria en Servicios Esenciales
La eliminación de las protecciones para ciertos lugares podría generar desconfianza entre la población extranjera, dificultando su acceso a servicios fundamentales como la educación, la salud y el refugio. La directriz de 2021 buscaba precisamente evitar este tipo de reticencias, garantizando que los individuos pudieran acceder sin temor a represalias migratorias.
Al revocar estas protecciones, el gobierno actual podría enfrentar desafíos en la cooperación con comunidades que dependen de estos espacios para su bienestar diario y apoyo en momentos de vulnerabilidad.
