Este lunes, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó una ley que ha generado gran controversia a nivel nacional e internacional. La normativa impone duras penas por las relaciones entre personas del mismo sexo, convirtiéndose en una de las leyes más represivas del mundo en materia de derechos LGBT.
El despacho del presidente Museveni anunció la aprobación del proyecto de ley en un breve comunicado publicado en su cuenta de Twitter. La legislación, que fue defendida por los legisladores como una medida para proteger la cultura nacional y sus valores, fue aprobada en el Parlamento el pasado 21 de marzo.
La comunidad internacional ha manifestado su preocupación y críticas hacia esta nueva ley. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y países como Estados Unidos han condenado la normativa y la han calificado como discriminatoria. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha expresado su consternación y ha señalado que la ley es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, abriendo la puerta a violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBT.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido la derogación de la ley y la ha calificado como una «trágica violación» de los derechos humanos. Además, ha instado a revisar los compromisos de Estados Unidos con Uganda en diversos aspectos, como las inversiones y las ayudas.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han denunciado la ley, calificándola como profundamente represiva y un paso en la dirección equivocada. La oenegé local Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF) ha remitido la ley al Tribunal Superior de Uganda, argumentando que es abiertamente inconstitucional.
Aunque el presidente Museveni aconsejó a los legisladores eliminar una disposición que penaliza la «homosexualidad agravada», esta se mantuvo en la ley, lo que implica que las personas reincidentes podrían incluso enfrentar la pena capital.
La promulgación de esta ley ha generado gran preocupación y ha sido condenada ampliamente por los defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional, quienes consideran que viola los principios fundamentales de igualdad y no discriminación. La situación de la comunidad LGBT en Uganda se ve cada vez más amenazada por una legislación que limita sus derechos y los expone a severas sanciones.
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