Proceso penal por deuda con el SAT y sanción de irregularidades
El proceso penal por la deuda de 2,300 millones de pesos, generada durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, avanza en el marco de la ley. Durante una conferencia de prensa, una representante del PRI en Sinaloa afirmó que deben identificarse y sancionarse a los funcionarios responsables, exigiendo que “caiga todo el peso de la ley” sobre quienes autorizaron el pago sin contar con una justificación adecuada.
El caso resalta la diligencia en la búsqueda de responsabilidades en el Manejo de recursos públicos, enfocándose en la aplicación de sanciones legales a aquellos involucrados. La información destaca la exigencia de medidas concretas que permitan esclarecer el origen de la deuda junto al SAT.
Responsabilidad de funcionarios y exigencia de sanciones legales
Las declaraciones presentadas durante la conferencia de prensa ponen de relieve la necesidad de que se aplique el régimen penal correspondiente a quienes participaron en la autorización equivocada del pago. Se enfatiza que la aplicación rigurosa de la ley es fundamental para establecer un precedente en el manejo de fondos públicos.
Este llamado a la acción se centra en analizar de forma objetiva la cadena de decisiones administrativas, sin pasar por alto el carácter irregular de algunos procesos que han llevado a la situación actual. La discusión permanece enmarcada en la valoración de la responsabilidad individual de cada funcionario implicado.
Investigación judicial y auditorías deficientes en la Gestión gubernamental
El Gobernador del Estado confirmó que el asunto ha pasado a ser un proceso penal, señalando la apertura de una investigación formal que examina la posible implicación del exgobernador y otros actores en el manejo erróneo de los recursos públicos. La investigación se enmarca en el análisis de las auditorías realizadas que, en su momento, presentaron deficiencias importantes.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas había calificado el incidente como una “Falta grave” debido a las inconsistencias detectadas en las auditorías efectuadas durante la administración anterior. Este enfoque pone el centro en la revisión de los procedimientos administrativos sin emitir juicios de valor, enfocándose únicamente en los hechos constatados.
Desarrollo de la Investigación judicial y normativas aplicables
La Fiscalía General del Estado ha asumido la responsabilidad de avanzar en la investigación, enfocándose en determinar las fallas en el sistema administrativo que permitieron la asunción y el pago indebido de la deuda. La labor investigativa se orienta hacia el análisis de las irregularidades y la posible responsabilidad penal de los involucrados.
El proceso se desarrolla bajo el marco legal vigente, con especial atención en identificar los puntos de quiebre dentro del control de auditorías y en el proceso de autorización de pagos. Cada paso del procedimiento se documenta con precisión para asegurar la objetividad en la determinación de responsabilidades.
