Financiamiento histórico ICE con presupuesto récord
El 4 de julio se promulgó una ley que asigna a ICE un presupuesto sin precedentes de 75 000 millones de dólares, posicionando a la agencia como la de mayor dotación de fondos en el ámbito de seguridad nacional.
Este financiamiento supera la suma destinada a otras entidades de seguridad, incluyendo al FBI, DEA y Servicio Secreto, lo que refleja un cambio en la priorización de recursos federales.
Construcción de centros de detención y aumento de capacidad
Infraestructura y expansión de instalaciones
Se destinarán 45 000 millones de dólares hasta 2029 para edificar nuevos centros de detención, un aumento significativo que busca incrementar la capacidad diaria a 116 000 personas.
Según datos del American Immigration Council, este plan de obras modificaría sustancialmente la infraestructura migratoria existente, con la creación de complejos modulares y ampliaciones de recintos ya operativos.
Operaciones de inmigración y ritmo de deportaciones
Contratación de agentes y procedimientos
Casi 30 000 millones de dólares se centran en operaciones, con el objetivo de reclutar 10 000 nuevos agentes, que se sumarían a los 20 000 funcionarios actuales.
El Departamento de Seguridad Nacional prevé que este refuerzo humano permita mantener un promedio de un millón de deportaciones anuales, una cifra récord en la historia de las políticas migratorias.
Refuerzo de la patrulla fronteriza y oficiales de aduanas
La partida incluye 4 100 millones de dólares adicionales destinados a sumar 3 000 agentes de la Patrulla Fronteriza y 3 000 oficiales de aduanas.
Este aumento de efectivos pretende intensificar la vigilancia en puntos de entrada y fortalecer los controles de mercancías, tarifas y documentación.
Riesgos de violaciones a derechos humanos y debido proceso
Especialistas en derecho migratorio advierten que el incremento presupuestal podría derivar en prácticas que vulneren garantías fundamentales, al priorizar la detención masiva por encima de criterios de proporcionalidad.
La concentración de recursos en ICE plantea interrogantes sobre la supervisión interna y la aplicación efectiva del debido proceso, ante la magnitud de personas bajo custodia diaria.
Organizaciones civiles señalan que el reforzamiento financiero sin mecanismos de control independientes eleva el riesgo de abusos y falta de transparencia en labores de deportación.
