Decisión sobre la pena capital en casos de narcotráfico
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el fiscal general ha ordenado a sus representantes no solicitar la pena de muerte en las causas contra Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Esta determinación elimina la opción de la pena capital, aunque mantiene en pie las acusaciones por delitos de crimen organizado y tráfico de drogas.
La comunicación formal a las cortes especifica que, pese a las graves imputaciones, no se presentarán solicitudes para aplicar la sentencia máxima. De esta manera, el gobierno estadounidense opta por medidas penales distintas a la sentencia de muerte.
Antecedentes y procesos judiciales de Caro Quintero y Carrillo Fuentes
Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue capturado en 1985 por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y quedó en libertad en 2013 tras un fallo procesal que posteriormente llevó a su recaptura en 2022. Estados Unidos había solicitado su extradición bajo cargos que en su momento podrían haber implicado la pena capital.
Por su parte, Vicente Carrillo Fuentes, también conocido como “El Viceroy”, asumió el liderazgo del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano. Arrestado en 2014, enfrenta múltiples cargos por asociación delictuosa y tráfico de estupefacientes.
Extradición y trámites legales en la justicia estadounidense
Ambos sujetos fueron objeto de solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, donde se les atribuyen delitos federales que podrían acarrear penas de hasta cadena perpetua. El cambio en la estrategia procesal implica que no se pedirá la aplicación de la pena de muerte, pero sí se mantienen los procedimientos judiciales en curso.
Las cortes federales en territorio estadounidense ahora continuarán con audiencias y posibles acuerdos de colaboración sin el antecedente de la pena capital como opción.
Contexto de acuerdos de seguridad y especulaciones
La decisión coincide con la firma de nuevos pactos de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Este marco de negociación ha dado lugar a conjeturas sobre posibles tratos vinculados a información o colaboración de los imputados con autoridades norteamericanas.
Fuentes oficiales no han confirmado intercambios de datos ni delaciones a cambio de conmutaciones de pena, aunque persisten las especulaciones en el ámbito político y judicial.
