Operativo de patrullaje e inteligencia militar en Culiacán
Durante un operativo de patrullaje terrestre con apoyo de inteligencia militar en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano realizaron un despliegue en zonas urbanas identificadas por altos índices de violencia. La acción estuvo enfocada en el intercambio de información y el monitoreo de posibles rutas de suministro de grupos armados.
El operativo combinó unidades de reconocimiento con puestos de control móviles, buscando aumentar la presencia castrense en puntos estratégicos. La intervención se desarrolló sin reporte de enfrentamientos directos, lo que permitió avanzar en las labores de identificación de vehículo y personas en situación sospechosa.
Detención de seis presuntos implicados y aseguramiento de armas
En el transcurso de la acción, fueron detenidas seis personas señaladas como posibles partícipes de actividades ilícitas. Los sospechosos fueron identificados y custodiados en el lugar antes de su traslado a la autoridad correspondiente.
Todos los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia encargada de la investigación. El proceso incluyó la revisión de antecedentes y la elaboración de las actas ministeriales sin que se reportaran lesionados.
Arsenal incautado y vehículos recuperados
Del material asegurado se contabilizaron tres armas largas, ocho cargadores y 130 cartuchos útiles. Estos elementos quedaron bajo resguardo oficial para su análisis balístico y cotejo con posibles registros criminales.
Asimismo, se recuperó una motocicleta y una camioneta con reporte de robo. Ambos vehículos fueron trasladados a un corralón oficial, donde se verificará su estatus legal y se validarán sus números de serie.
Liberación y atención a víctimas de retención ilegal
Durante el operativo, el Ejército Mexicano logró liberar a dos víctimas de privación de la libertad: un hombre y una mujer que se encontraban retenidos en un inmueble allanado. No se registraron demandas médicas de gravedad.
Tras su rescate, las autoridades federales brindaron atención psicológica y acompañamiento jurídico a las víctimas. El protocolo incluyó la recopilación de testimonios y el aseguramiento de su integridad en coordinación con organismos de protección.
