Mazatlán, Sinaloa.— El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, encabezó este jueves la visita del gabinete de seguridad a Mazatlán; llegó con 47 patrullas y 250 elementos federales en un operativo que provocó cuestionamientos sobre su finalidad y costo.
Puntos clave
- La comitiva incluyó a titulares de Sedena y Marina y movilizó 47 patrullas y 250 elementos.
- El operativo se instaló en la Tercera Región Militar y duró pocas horas, según la versión difundida.
- La Secretaría de Seguridad Pública Federal no fue contemplada en el presupuesto federal 2024; estados cubren parte del gasto.
- Críticas locales señalan que la visita tuvo más carácter simbólico que operativo y no ha cambiado indicadores de violencia.
Operativo federal en Mazatlán
La movilización incluyó patrullas, personal y traslados en aeronaves oficiales. La comitiva se reunió en instalaciones de la Tercera Región Militar y permaneció pocas horas en el puerto.
El despliegue se describió como numeroso y visible, pero ubicado en un recinto militar que la nota considera desconectado de los problemas cotidianos del municipio.
- 47 patrullas
- 250 elementos federales
- Arribo y salida en aviones y helicópteros oficiales
Costos y responsabilidad presupuestal
La fuente indica que la Secretaría de Seguridad Pública Federal no fue incluida en el presupuesto federal de este año, por lo que los estados y municipios asumen gastos del operativo.
En casos anteriores, como Culiacán, las finanzas locales han absorbido gastos semejantes. La nota plantea la duda de si el erario de Mazatlán cubrirá los costos millonarios de esta visita.
Presupuesto estatal y municipal
El financiamiento de la logística—combustible, alojamiento, custodia y desplazamiento—queda, según la crónica, en la cancha de entidades locales. Esa práctica aumenta la presión sobre finanzas ya comprometidas por la seguridad pública.
Percepción pública y resultados en seguridad
La visita fue calificada como un gesto simbólico que busca proyectar presencia federal, más que una operación concreta contra delitos como desapariciones forzadas, extorsión e impunidad, que la nota señala como persistentes.
“protegería a los sinaloenses y que el gabinete se reuniría aquí cada 15 días.”
La crónica cuestiona la efectividad de decomisos y operativos que, dice, permanecen en la estadística y no muestran impacto a favor de la ciudadanía. El texto subraya la distancia entre la escena mediática y la realidad en las comunidades locales.
