Debate sobre la ocupación militar de la Franja de Gaza
El gabinete de seguridad de Israel inició esta semana una sesión clave para votar si avanza con una ocupación militar de gran escala en la Franja de Gaza. La deliberación abarca la autorización de maniobras tácticas y el establecimiento de un control estratégico que asegure el dominio territorial sin proceder a una anexión formal.
En la reunión participa la fiscal general Gali Baharav-Miara, designada de nuevo tras ser apartada semanas atrás. Afuera del recinto, manifestantes reclaman un alto al conflicto y exigen la liberación urgente de los rehenes, configurando un escenario de presión política y social.
Estructura y fases del plan de despliegue militar israelí
El primer ministro presentó un esquema de dos fases para la operación: primero, desplazar a más de un millón de palestinos del norte y centro hacia el sur, con el objetivo de instalar enclaves de asistencia humanitaria en zonas como Al-Mawasi. Esta fase busca garantizar corredores de acceso y provisión de servicios básicos.
En una segunda etapa, las fuerzas de defensa israelíes asumirían el control completo del territorio para después transferir la administración a “fuerzas árabes” bajo un perímetro de seguridad. El plan persigue el dominio efectivo sin instaurar una administración israelí directa.
Resistencia interna y advertencias sobre desplazamientos forzosos
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, Eyal Zamir, manifestó su rechazo al planteamiento, advirtiendo que el referido despliegue masivo podría agravar la crisis humanitaria. Cuestionó la viabilidad operativa y alertó sobre la seguridad de los rehenes en manos del movimiento Hamás.
Expertos militares y fiscales en derecho internacional han señalado el riesgo de violaciones al marco jurídico sobre desplazamientos forzosos. La tensión interna evidencia discrepancias en el gabinete respecto al alcance y legalidad de la ocupación prolongada.
Alertas internacionales y riesgos de crisis humanitaria
Organizaciones multilaterales han emitido comunicados alertando sobre la posibilidad de un colapso en la asistencia médica y de suministros, en caso de despliegos masivos. Señalan que la instalación de infraestructura podría no ser suficiente para contrarrestar el impacto en la población civil.
La definición final del gabinete marcará el rumbo del conflicto y determinará las condiciones de seguridad regional. Las agencias de derechos humanos mantienen un seguimiento crítico de cada fase del plan, evaluando las implicaciones para el derecho internacional humanitario.
