En el desarrollo del caso Ayotzinapa, ocho militares señalados recibieron una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada, según confirmaron sus defensores legales. Alejandro Robledo, abogado de los uniformados, informó que tres de ellos se entregaron voluntariamente, mientras que los cinco restantes planean hacerlo durante la tarde.
Robledo criticó las acusaciones del Gobierno federal y la Fiscalía, calificándolas como una «chicanada» y una «venganza». Afirmó que sus clientes están tranquilos, conscientes de que las acciones en su contra no siguen el debido proceso y se consideran presos políticos. Además, destacó la expectativa de un proceso legal largo y la presentación de recursos para defenderlos.
Los militares fueron liberados el 24 de enero tras cumplir con los requisitos exigidos por el juzgado, pero ahora enfrentan nuevamente acciones legales. Entre los implicados se encuentran Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
La liberación de estos militares ha generado controversia, con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa expresando su preocupación y considerando este paso como un retroceso en el caso. El abogado Vidulfo Rosales Sierra, defensor de las familias de los estudiantes desaparecidos, denunció la supuesta intención del presidente de fracturar la unidad de los padres y madres de familia, así como de desacreditar a los asesores jurídicos del caso.
