Declaración como narcoterroristas y acusados de narcotraficantes terroristas
El distrito sur de California declaró hoy a Pedro Inzunza Noriega y a Pedro Inzunza Coronel como los primeros narcoterroristas mexicanos. Ambos, primo y sobrino del senador Enrique Inzunza Cázares, enfrentan cargos que aplican por primera vez la legislación estadounidense contra el narcoterrorismo.
[newsletter_form]La acción representa un hito jurídico al invocar normas de terrorismo aplicables al tráfico de drogas. Se trata de una medida sin precedentes que extiende el alcance de la justicia federal de Estados Unidos sobre presuntos delitos cometidos al amparo de organizaciones criminales.
Este procedimiento además introduce la etiqueta de “terrorismo narcótico” en un caso que vincula directamente a parientes de un legislador federal. La medida busca reforzar la persecución de redes que combinan violencia extrema con rutas de tráfico internacional.
Vínculos oscuros entre política y crimen organizado en Sinaloa
El anuncio ha generado cuestionamientos sobre los nexos entre el entorno político del gobernador Rubén Rocha Moya y estructuras criminales. Funcionarios y allegados a la familia Inzunza habrían mantenido influencias directas en órganos judiciales estatales.
Durante años, se acusa a ciertos operadores de manejar carpetas de impunidad y dictar resoluciones favorables a grupos vinculados al narcotráfico. Estas prácticas reflejan un entramado de presión sobre jueces y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.
Influencia en el Poder Judicial de Sinaloa
Se señala la existencia de mecanismos para ocultar expedientes penales y proteger a imputados de alto perfil. El control férreo sobre tribunales locales habría garantizado la impunidad de varios actores relacionados con el crimen organizado.
Expertos críticos observan que este patrón de encubrimiento es parte de un esquema sistemático que erosiona la confianza en el sistema de justicia. Las repercusiones en la aplicación de la ley permanecen bajo escrutinio.
Casos sin resolver y omisiones de la fiscalía estatal
La fiscalía de Sinaloa no ha aclarado la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y exdiputado federal, investigada bajo presuntas irregularidades. El caso sigue envuelto en un contexto de falta de transparencia.
Tampoco existe información oficial sobre la situación de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del narcotráfico en México. Su paradero continúa siendo un misterio a pesar de los múltiples operativos en la región.
La ausencia de avances en estos procesos refuerza las críticas hacia autoridades que, según analistas, han permitido la consolidación de redes delictivas. Las lagunas en las investigaciones plantean dudas sobre la voluntad de combatir la impunidad.
