En el municipio costero de San Ignacio, la extracción ilegal de oro se ha convertido en una problemática que involucra directamente al Cártel de Sinaloa en complicidad con autoridades locales, según denuncias de pequeños empresarios mineros. Esta situación ha generado un ambiente de control y acosamiento hacia la minería local, con reportes de participación de figuras políticas, incluyendo al ex Alcalde Iván Ernesto Báez Martínez, en estas actividades ilícitas.
La Minería bajo el Asedio del Narcotráfico
La influencia del narcotráfico en la minería de San Ignacio ha llevado al desplazamiento de empresarios locales, quienes enfrentan el cobro de derecho de piso y amenazas. La situación es crítica en las playas de El Patole, donde se ha documentado la extracción ilegal de oro. Los narcotraficantes utilizan técnicas que incluyen la perforación de hoyos en la arena y el uso de agua de mar mezclada con químicos, causando un impacto negativo tanto en el medio ambiente como en la seguridad de la comunidad.
Impacto en la Comunidad y el Medio Ambiente
La comunidad de El Patole, junto a la desembocadura del río Piaxtla, ha sido testigo de cómo esta actividad ilícita no solo amenaza la seguridad de sus habitantes sino que también pone en riesgo áreas naturales protegidas y zonas turísticas. A pesar de las denuncias de los habitantes, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, dejando a la comunidad en una posición vulnerable frente al poder del crimen organizado.
La Extracción Ilegal y sus Métodos
Información revelada por el colectivo Guacamaya destaca la complicidad de autoridades locales con el Cártel de Sinaloa, especificando el uso de equipos como motores que funcionan aspirando agua de mar para ser posteriormente filtrada en búsqueda de oro. Este método no solo es ilegal sino que representa una grave amenaza para el ecosistema y la biodiversidad de la región, mostrando la magnitud del problema y la urgencia de una intervención efectiva.
La extracción ilegal de oro en San Ignacio es un reflejo de los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el narcotráfico y la corrupción. La implicación del Cártel de Sinaloa en actividades mineras ilícitas expone la vulnerabilidad de las comunidades locales y el impacto ambiental negativo, subrayando la necesidad de acciones contundentes para proteger los derechos humanos y preservar el patrimonio natural del país.
