Aumento de migrantes detenidos en Florida tras retorno presidencial
El 2 de julio de 2025, Human Rights Watch y varias ONG documentaron un incremento del 111 % en el número de migrantes bajo custodia en Florida, comparado con meses anteriores. Este aumento coincide con el regreso de Donald Trump a la presidencia y ha tensionado la capacidad de los centros de detención.
Según datos oficiales de ICE, actualmente hay 2 524 personas privadas de libertad en tres instalaciones: el Centro de Procesamiento Krome, el Centro de Detención Federal de Miami y el Centro Transicional Broward. Estas cifras superan en hasta tres veces la capacidad máxima de cada centro.
La evaluación, basada en 17 testimonios directos y registros internos de las autoridades migratorias, advierte que la sobrepoblación agrava problemas estructurales previos y eleva el riesgo de violaciones a los derechos fundamentales.
Cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
El informe de ICE revela que, antes de julio de 2025, ninguna de las instalaciones operaba por encima del 100 % de su cupo. Sin embargo, tras los últimos traslados y detenciones masivas, el volumen de detenidos ha rebasado el umbral crítico.
En el Centro Krome se registran más de 1 200 internos, pese a que su límite autorizado ronda los 400. Por su parte, Miami y Broward acumulan niveles similares de hacinamiento, elevando las alertas por falta de espacio y servicios mínimos.
Sobrepoblación en centros de detención de inmigrantes
El fenómeno de sobrepoblación en los recintos de detención no es nuevo, pero el alza reciente ha intensificado sus efectos. Las celdas y áreas comunes muestran deficiencias en ventilación, sanitarios y distribución de alimentos.
La presencia de un volumen excesivo de internos dificulta además la gestión del personal de seguridad y de salud, que enfrenta jornadas extenuantes y protocolos de atención médica insuficientes.
Operación al límite de capacidad
En varios turnos de guardia se reportan hasta tres personas compartiendo espacios diseñados para uno. Este hacinamiento propicia conflictos internos y retrasa los procesos de revisión de casos.
La falta de equilibrio entre la demanda de plazas y la disponibilidad de recursos ha llevado a improvisaciones en la distribución de literas y separación de grupos vulnerables, sin criterios sanitarios claros.
Denuncias por condiciones inhumanas y violaciones de derechos
La investigación conjunta de las ONG detalla la negación de atención médica o su postergación sistemática, incluso en casos de urgencia. Estas prácticas vulneran estándares básicos de bienestar y salud.
Diversos testimonios señalan tratos denigrantes, uso excesivo de fuerza y aislamiento prolongado como métodos de control. Las quejas incluyen la retención de documentación personal y obstrucción de comunicación con abogados.
La omisión de protocolos mínimos de supervisión favorece la impunidad en abusos y dificulta el acceso a mecanismos de denuncia internos y externos.
Casos de negligencia y abuso
Al menos dos muertes han sido confirmadas en el último mes en instalaciones saturadas, presuntamente vinculadas a falta de atención oportuna. Los registros oficiales coinciden en la ausencia de protocolos claros para emergencias médicas.
Testigos refieren que enfermos con síntomas críticos aguardaron días sin recibir medicación, mientras el personal carecía de insumos básicos para evaluar y tratar afecciones comunes.
Demanda federal contra el centro Alligator Alcatraz
Antes de la apertura del nuevo centro ‘Alligator Alcatraz’, Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South presentaron una demanda en un tribunal federal. El recurso alega violaciones constitucionales al debido proceso, libertad de expresión y derecho a la defensa.
Las organizaciones solicitan a la Corte que suspenda la puesta en marcha de la instalación y ordene a las autoridades migratorias ajustar sus protocolos a los estándares de ICE y al derecho internacional.
Argumentos legales de organizaciones civiles
El documento legal expone que ‘Alligator Alcatraz’ prevé albergar entre 3 000 y 4 000 personas sin nuevos mecanismos de supervisión. Según la demanda, esto incrementaría aún más el hacinamiento y los abusos documentados.
Se exige que cualquier ampliación de plazas en centros de detención incorpore salvaguardias efectivas contra la negligencia médica, el maltrato y las restricciones arbitrarias a la comunicación con representantes legales.
