Los Ángeles, California, EU.— El médico Salvador Plasencia fue condenado a 30 meses de prisión federal por suministrar ketamina al actor Matthew Perry semanas antes de su muerte, y quedó detenido inmediatamente tras la sentencia.
Lo que sabemos
- Plasencia aceptó su culpabilidad en julio de 2025 en cuatro cargos por distribución ilegal de ketamina.
- El juez impuso 30 meses de prisión, multa de 5,600 dólares y revocación de la licencia médica.
- Matthew Perry fue hallado sin vida el ; la autopsia señaló efectos agudos de ketamina.
- Plasencia es el primer condenado de los cinco acusados relacionados con el caso.
Sentencia federal contra Salvador Plasencia
Un juez federal determinó la pena después de que Plasencia admitiera haber distribuido ketamina fuera de los cauces médicos. La condena incluye la multa y la revocación de su licencia profesional, según la sentencia.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó la detención inmediata del médico al término de la audiencia. Las autoridades federales ejecutaron esa orden tras la lectura del fallo.
Autopsia y hallazgo en la residencia de Matthew Perry en Los Ángeles
El actor fue encontrado sin vida el en su domicilio en Los Ángeles. La autopsia oficial citó como causa principal de muerte los efectos agudos de la ketamina.
Investigadores señalaron que, aunque Perry había recibido ketamina como parte de un tratamiento autorizado, Plasencia proporcionó dosis adicionales y dio instrucciones sobre su administración a un asistente. Esas acciones sustentaron los cargos por distribución ilegal.
“me pregunto cuánto pagará este imbécil” — mensaje de Plasencia en intercambio privado con otro médico implicado
Implicaciones legales y repercusiones para otros acusados
Con la condena de Plasencia, se establece un precedente en el expediente contra cinco acusados vinculados a la muerte de Perry. Las autoridades federales han señalado que distribuir drogas controladas sin autorización es punible, incluso cuando el receptor tiene historial de adicciones.
La familia del actor y allegados han recibido la decisión como un avance en la rendición de cuentas contra quienes facilitaron acceso a sustancias. Las investigaciones y eventuales procesos contra los demás implicados continuarán en la jurisdicción federal.
