Culiacán, Sinaloa.— El analista Jesús Silva-Herzog Márquez publicó el una columna que acusa al gobierno de una campaña de persecución política y judicial contra Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y su directora María Amparo Casar.
Lo que sabemos
- MCCI se fundó en 2015 para vigilar la gestión pública y denunciar corrupción.
- La organización ha documentado casos como la “estafa maestra” y presuntos desvíos en Segalmex.
- La columna de Silva-Herzog señala demandas judiciales y campañas mediáticas hostiles contra MCCI.
- Organizaciones como Artículo 19 registran un aumento de procesos legales contra periodistas y defensores.
Trayectoria de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
MCCI nació en 2015 con el objetivo de vigilar la gestión pública en México. Bajo la dirección de María Amparo Casar, la organización se consolidó por sus investigaciones y publicaciones públicas.
Entre los casos señalados en la columna están la denominada “estafa maestra” y señalamientos sobre manejo de recursos en Segalmex. Sus investigaciones han servido de base para noticias y debates públicos.
Acusaciones de persecución política y medidas legales
Silva-Herzog describe una respuesta del gobierno que combina acciones legales y presión mediática para afectar a MCCI y a Casar. Según la columna, esos movimientos buscan erosionar el prestigio y condicionar la operación de la organización.
Acciones señaladas en la columna
El texto menciona una serie de recursos que, según el autor, tienen un objetivo político y no solo jurídico.
- Demandas judiciales dirigidas contra la organización y su directora.
- Campañas mediáticas hostiles que podrían afectar su financiamiento y reputación.
Contexto nacional: acoso judicial a periodistas y defensores de la libertad
La columna enmarca el caso de MCCI dentro de un patrón más amplio de presión legal contra críticos del poder. Organizaciones como Artículo 19 han documentado un incremento de procesos legales contra medios y comunicadores.
Los reportes citados en el texto asocian esos procesos con formas modernas de censura y con el debilitamiento de mecanismos de fiscalización ciudadana. El debate público sobre el tema continúa en medios y foros especializados.
