Sicarios intentaron levantar a Teresa González Murillo, buscadora de Jalisco, no pudieron y le dieron un balazo en la cabeza
Las madres buscadoras, despreciadas por el gobierno de @Claudiashein y perseguidas por el crimen organizado.
Teresa González Murillo, una madre… pic.twitter.com/ERfky56nlq
— José Díaz (@JJDiazMachuca) March 30, 2025
Ataque a integrante de colectivo de búsqueda en Jalisco
Detalles del intento de secuestro en Guadalajara
Teresa González Murillo, miembro activo del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, sufrió una agresión física el 27 de marzo de 2025 en Guadalajara. Los hechos ocurrieron durante un presunto intento de secuestro, según testimonios de organizaciones civiles vinculadas al caso. La víctima permanece hospitalizada en estado crítico, según informes médicos recabados por sus compañeros de colectivo.
El incidente se registró en una zona céntrica de la capital jalisciense, aunque no se ha especificado la ubicación exacta por motivos de seguridad. Testigos mencionaron la participación de varios individuos armados, aunque las autoridades no han confirmado estos datos. Hasta el momento, no existen comunicados oficiales que detallen las circunstancias del ataque o posibles detenidos.
Contexto de vulnerabilidad para familias buscadoras
Los colectivos de búsqueda en Jalisco operan en un entorno marcado por la violencia sistemática contra activistas y defensores de derechos humanos. Según análisis de organizaciones civiles, estos grupos enfrentan riesgos que incluyen amenazas, vigilancia ilegal y agresiones físicas. La falta de mecanismos estatales efectivos de protección agrava su exposición a situaciones de peligro.
En los últimos cinco años, al menos doce integrantes de colectivos similares han reportado incidentes de hostigamiento en el estado. Los protocolos de seguridad para familias de víctimas de desaparición forzada presentan deficiencias estructurales, según diagnósticos de organismos internacionales. Esta situación limita la capacidad de acción de quienes buscan personas desaparecidas en zonas de alta conflictividad.
Respuesta institucional y exigencias de justicia
Posición de las organizaciones civiles
El Colectivo Luz de Esperanza denunció que el ataque contra Teresa González refleja patrones de violencia dirigidos a silenciar las labores de búsqueda. En un comunicado público, exigieron la intervención inmediata de las fiscalías estatales y federales para garantizar justicia. Además, señalaron retrasos recurrentes en las investigaciones sobre agresiones a defensores de derechos humanos.
La Alianza Internacional de Mujeres Feministas se sumó a las demandas, instando al gobierno mexicano a cumplir con estándares internacionales de protección a activistas. Subrayaron la obligación del Estado de prevenir la revictimización mediante procesos judiciales ágiles y transparentes. Hasta la fecha, no se ha emitido ningún pronunciamiento de las autoridades competentes sobre medidas concretas para este caso.
Panorama de desapariciones en Jalisco
Jalisco mantiene uno de los índices más altos de desapariciones forzadas en México, con más de 15,000 casos sin resolver según registros oficiales. La participación ciudadana a través de colectivos se ha convertido en un componente esencial para localizar fosas clandestinas e identificar restos. Sin embargo, la colaboración entre autoridades y familias de víctimas presenta desafíos operativos y de coordinación interinstitucional.
Expertos en seguridad pública identifican al estado como zona crítica por la convergencia de grupos delictivos y altos niveles de impunidad. Datos del Sistema Nacional de Seguridad indican que el 68% de los delitos relacionados con desapariciones no llegan a etapa judicial. Este contexto dificulta el acceso a la verdad histórica y la reparación integral para las víctimas.
Movilizaciones y presión internacional
Acciones legales y acompañamiento a víctimas
Organizaciones nacionales e internacionales han activado protocolos de emergencia para brindar apoyo jurídico y médico a Teresa González. El caso podría escalar a instancias internacionales si persiste la inacción de las autoridades mexicanas, según advierten grupos defensores de derechos humanos. Actualmente, se analizan estrategias legales para presentar denuncias formales ante mecanismos de protección globales.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos monitorea de cerca las agresiones contra colectivos de búsqueda en México. En su último informe, documentó un aumento del 40% en ataques contra defensores de víctimas de desaparición entre 2023 y 2025. Recomendaron al Estado fortalecer los sistemas de alerta temprana y protección especializada para estos grupos.
Impacto en las redes de apoyo ciudadano
El ataque contra la activista ha generado movilizaciones en al menos ocho estados de la República Mexicana. Colectivos hermanados realizaron plantones simbólicos frente a palacios de gobierno para exigir justicia. Estas acciones buscan visibilizar los riesgos que enfrentan quienes investigan desapariciones de manera independiente ante la insuficiencia estatal.
Analistas señalan que la criminalización de las labores de búsqueda ciudadana erosiona los esfuerzos para combatir la impunidad. La sistematización de datos por parte de colectivos ha permitido identificar patrones delictivos no detectados por instituciones oficiales. Este trabajo de documentación civil representa un contrapeso fundamental en el contexto de crisis humanitaria que vive el país.
