Más de 50 organizaciones y asociaciones civiles han emitido un urgente llamado a Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió la presidencia de México el 1 de octubre, para abordar la creciente violencia en el estado de Sinaloa. Desde septiembre, la situación de seguridad en la región se ha deteriorado significativamente, con un alarmante incremento en actividades delictivas.
Las organizaciones manifestaron su preocupación en un comunicado, señalando que en los últimos 22 días han sido testigos de un aumento en asesinatos, desapariciones, balaceras y bloqueos de vialidades. «La vida cotidiana se ha trastocado», indicaron, reflejando el clima de terror que vive la población. Este aumento de la violencia ha generado un ambiente de incertidumbre y ha afectado gravemente a la sociedad sinaloense.
Ante esta situación, las agrupaciones exigieron a la nueva administración federal un plan integral que restablezca la seguridad pública en el estado. “Es fundamental que rindan cuentas sobre cómo se está atendiendo esta problemática y los resultados obtenidos”, expresaron. El comunicado también incluyó un llamado a los nuevos miembros del gabinete de Sheinbaum, incluyendo a Rosa Icela Rodríguez y el general Ricardo Trevilla.
Además, se solicitó a las autoridades estatales, como el gobernador Rubén Rocha Moya y la fiscal Claudia Zulema Sánchez, que mantengan a la población informada sobre los hechos delictivos en tiempo real. Las organizaciones hicieron hincapié en la necesidad de difundir fichas sobre personas desaparecidas y de brindar un informe claro sobre el incremento de este delito en la entidad.
Las cifras oficiales del gobierno no coinciden con las denuncias de familiares de desaparecidos, lo que alimenta la preocupación sobre la veracidad de la información y el peligro al que se enfrentan muchas personas. Desde el 9 de septiembre, la situación en Sinaloa se ha vuelto crítica, afectando a la comunidad en diversos niveles.
Además, el comunicado subrayó la necesidad de que las autoridades proporcionen asistencia legal y psicológica a las víctimas de la violencia, así como servicios de salud, alojamiento y alimentación para quienes han sido desplazados por los recientes brotes de violencia, como sucedió en El Palmito, Concordia.
Las organizaciones también solicitaron a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa una investigación imparcial sobre un operativo realizado en el sector Tres Ríos de Culiacán. Este operativo, que resultó en un enfrentamiento armado, tuvo como víctima colateral a un abogado de 34 años.
Por otra parte, se hizo un llamado a las instituciones educativas para que implementen un “plan de proximidad” que informe a estudiantes y padres sobre los protocolos de seguridad establecidos en las escuelas. La seguridad de los menores debe ser una prioridad en un contexto tan volátil.
El comunicado fue respaldado por 54 organizaciones, incluyendo la Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversidad A.C. y otros colectivos que abogan por los derechos humanos y la seguridad en la región. La creciente ola de violencia en Sinaloa está vinculada a la lucha entre facciones del Cártel de Sinaloa, lo que complica aún más la situación.
La comunidad espera respuestas concretas y efectivas de la nueva administración federal para abordar una crisis que no solo afecta a Sinaloa, sino que refleja un problema más amplio de seguridad y gobernanza en el país.
