Fallo judicial en Coahuila: sentencia contra Vanguardia y censura indirecta, afectación a la libertad de prensa
Un fallo emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Octavo Circuito de Coahuila confirmó una sentencia previa contra el diario Vanguardia, de Saltillo, que obliga al medio a pagar una indemnización cuya cuantía aún no ha sido precisada. La resolución ratificó el dictamen del Tribunal Superior de Justicia del estado en un litigio calificado por la defensa como relativo a una deuda mercantil.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la decisión como una forma de “censura indirecta” que, en su opinión, erosiona la libertad de prensa y genera un precedente jurídico regresivo. El mensaje de la organización enfatiza la potencial afectación al acceso público a información y al funcionamiento económico del medio involucrado.
Irregularidades procesales, pruebas insuficientes y carga probatoria: velocidad, evidencia y presiones
La defensa de Vanguardia y la SIP denunciaron irregularidades en el proceso que, según sus alegatos, comprometen la legitimidad del procedimiento judicial. Entre las principales observaciones figuran la rapidez en la resolución del recurso y la admisión de pruebas que, a criterio de la defensa, no cumplen con los requisitos de un título ejecutivo.
Además de la celeridad señalada y la naturaleza de las pruebas, se reprocha una inversión de la carga de la prueba que, de haberse confirmado, implicaría exigir al medio que demuestre la inexistencia de la deuda en lugar de que la parte demandante pruebe su existencia.
Celeridad inusual en la apelación y plazos procesales
La apelación, que consta de miles de páginas según lo expuesto por la defensa, fue resuelta en un plazo de 72 horas, una velocidad que difiere de procesos comparables en la materia y que normalmente requieren más de un mes para ser analizados con detalle.
Este ritmo de trámite ha sido señalado como un factor que podría haber limitado la adecuada valoración de la documentación presentada y la oportunidad de contrainterponer medidas procesales ordinarias por parte del afectado.
Pruebas insuficientes, copia simple y admisión de estados de cuenta
Se cuestionó la admisión de una copia simple de una escritura y de un estado de cuenta emitido por una empresa no bancaria como base para validar un adeudo «inferido», sin que aparentemente existiera un título ejecutivo formalmente acreditado.
La discusión sobre la validez y suficiencia de estos documentos es central en el reclamo de la defensa, que sostiene que la evidencia admitida no satisface los estándares legales requeridos para imponer obligaciones patrimoniales al medio.
Contexto del litigio y presunto hostigamiento legal: campaña judicial desde 2016
Vanguardia ha sostenido que el litigio forma parte de una campaña sistemática de hostigamiento legal iniciada en 2016, que se habría intensificado tras la cobertura del medio sobre la detención de una figura pública en España. La defensa presenta el caso dentro de un marco de litigiosidad sostenida en el tiempo.
La referencia a motivos vinculados con la cobertura periodística aparece en las argumentaciones del diario y de la SIP como indicio de instrumentalización del proceso judicial con fines de represalia, aunque la materia original del juicio se plantea en términos mercantiles.
Ese historial procesal y la recurrencia de demandas en torno al mismo medio son elementos que la defensa utiliza para contextualizar la resolución reciente y suponer una lógica de presión judicial sostenida.
Respuesta de la SIP, derechos fundamentales y llamado al debido proceso
La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por el fallo y advirtió que el caso será observado como un referente del estado de la libertad de prensa en México. La organización señaló que el resultado del proceso podría afectar derechos consagrados en la Constitución y la estabilidad económica del diario afectado.
Representantes de la SIP subrayaron la necesidad de garantías procesales en disputas judiciales contra medios y señalaron que cualquier indicio de instrumentalización de litigios mercantiles para sancionar investigaciones informativas debe ser atendido por las autoridades con medidas que aseguren el debido proceso.
Declaraciones institucionales y seguimiento del caso
Voceros de la SIP han manifestado que la disputa será vigilada como un indicador del comportamiento de los mecanismos judiciales frente a medios de comunicación, sin que se haya anunciado alguna intervención formal más allá de la observación y el pronunciamiento público.
El monitoreo institucional se presenta como una forma de registro y documentación del caso, con la intención declarada de resguardar la integridad de los procesos judiciales cuando afectan el ejercicio informativo y los derechos vinculados al acceso a la información pública.
