El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, que fija penas de 15 a 25 años, multas de hasta 500 veces la unidad de medida y agravantes que elevan las sanciones hasta 42 años.
Puntos clave
- Penas base de 15 a 25 años de prisión y multas de hasta 500 veces la unidad de medida y actualización.
- 34 Agravantes que suman entre 4 y 8 años adicionales; casos graves pueden llegar a 33 años.
- Víctimas vulnerables (migrantes, menores, mayores de 60, embarazadas) pueden elevar la pena hasta 37 años.
- Si hay violencia física o engaños relacionados con supuestos accidentes, la pena puede alcanzar 42 años.
- Permite persecución de oficio y habilita denuncias anónimas al número 089.
Penas y definiciones en la nueva ley contra la extorsión
La norma define extorsión como obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio. Establece un rango penal inicial de 15 a 25 años de cárcel para quienes cometan ese delito.
Además de la prisión, la ley impone multas de hasta 500 veces la unidad de medida y actualización (UMA). La tipificación unificada busca homogeneizar el tipo penal para extorsión en todo el país.
Agravantes: 34 supuestos y aumento por víctimas vulnerables
El texto contempla 34 agravantes que, al concurrir, aumentan la pena entre 4 y 8 años. En escenarios como cobro de piso, extorsión a negocios o coacción en nombre de sindicatos, la sanción puede elevarse hasta 33 años.
Hay circunstancias que incrementan aún más la pena. Si la víctima es persona migrante, menor de 18 años, mayor de 60, está embarazada o existe una relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios, la pena puede aumentar entre 5 y 12 años, hasta un máximo de 37 años.
Cuando la extorsión incluye violencia física o exigencias vinculadas a supuestos accidentes y daños, el castigo previsto sube hasta 42 años de prisión.
Persecución de oficio, denuncias anónimas y responsabilidad de servidores públicos
La ley autoriza la persecución de oficio del delito de extorsión, lo que permite a las autoridades iniciar investigaciones sin necesidad de que la víctima presente la denuncia formal. También habilita la recepción de denuncias anónimas a través del número telefónico 089.
Se endurecen sanciones para servidores públicos que, conociendo de extorsiones, omitan denunciarlas ante el Ministerio Público o autoridades penitenciarias. El proyecto eleva la pena prevista para esos funcionarios respecto a la propuesta inicial en la Cámara.
