La Fiscalía General del Estado ha vinculado a proceso a Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda, por el delito de «negociaciones ilícitas» durante los años 2021 y 2022. Este caso ha generado interés debido a la relación familiar y profesional del acusado con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde ocupaba un puesto directivo.
Contexto del Caso
Cuén Díaz, quien era director de Bienes y Suministros en la UAS, fue imputado por autorizar la adquisición de servicios de un restaurante-bar, cuyo proveedor es una empresa vinculada a su familia. La empresa involucrada es la Inmobiliaria Luis XV, que factura al restaurante «Casa María», ambas pertenecientes a su familia. La Fiscalía sostiene que estas acciones constituyen negociaciones ilícitas debido al conflicto de interés.
Detalles del Proceso Judicial
El proceso legal ha sido peculiar, ya que la audiencia inicial fue diferida en 12 ocasiones. La Fiscalía argumenta que estos retrasos fueron estrategias dilatorias, aprovechando cambios en la defensa legal y justificantes médicos. A pesar de ello, el juez de control consideró suficientes las pruebas para vincular a proceso al imputado.
Medidas Cautelares y Avances
Como parte de las medidas cautelares, Héctor Melesio Cuén Díaz debe presentarse periódicamente ante las autoridades y tiene prohibido salir del país sin autorización judicial. Asimismo, se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Implicaciones Financieras
Las investigaciones revelan que, durante el 2021, se emitieron 170 facturas a favor de la UAS por un monto de $1,274,080.02 millones. En 2022, se registraron 428 facturas por $382,299.50 pesos, sumando un total de 598 facturas por $1,447,671.78 millones. Una factura en particular, con un valor de $1,145,000.04 millones, fue cancelada más de un año después de su emisión, lo que la Fiscalía considera irregular.
Reacciones y Perspectivas
La cancelación extemporánea de la factura y el supuesto acuerdo entre funcionarios de la UAS y la empresa de Cuén Díaz plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer todos los aspectos del caso y determinar responsabilidades legales.
Este caso resalta la importancia de mantener un marco legal justo y transparente, especialmente en instituciones públicas educativas, donde los recursos deben ser manejados con integridad y responsabilidad.
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