El Juez Federal de Distrito, Samuel Ventura Ramos, ha dictado una sentencia contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por su participación en el secuestro y homicidio de siete personas, incluyendo al activista Arturo Hernández Carmona. Abarca ha sido condenado a 92 años de prisión.
[newsletter_form]Además de la sentencia de prisión, Abarca Velázquez deberá pagar una multa de 15 mil días, equivalente a 920 mil 700 pesos. Sin embargo, esta multa puede ser sustituida por 15 mil jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.
En la misma sentencia, el juez Ventura Ramos absolvió a Abarca Velázquez y a Sidronio Casarrubias Salgado del delito de delincuencia organizada. El juez argumentó que la Fiscalía General de la República presentó pruebas ilícitas y cometió errores en la presentación de la acusación.
Según la sentencia emitida el 12 de mayo, el juez detectó fallas en la presentación de pruebas por parte del agente del Ministerio Público de la federación, quien no logró demostrar ante el tribunal la existencia de la organización criminal Guerrero Unidos.
El juez Ventura Ramos destacó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios de la Suprema Corte, se excluyeron varias pruebas. Además, señaló que la Fiscalía violó los derechos fundamentales de libertad personal, de ser puesto a disposición inmediata del Ministerio Público e integridad personal de los acusados y testigos.
Aunque el delito de delincuencia organizada fue excluido debido a la falta de pruebas, el juez determinó que los medios de prueba presentados por el Ministerio Público Federal fueron suficientes para comprobar los delitos de secuestro y homicidio atribuidos a José Luis Abarca.
Los delitos de secuestro y homicidio fueron cometidos contra Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Delgado.
En conclusión, se impuso a Abarca Velázquez una condena de 92 años y seis meses de prisión, además de una multa de 15 mil días, que puede ser sustituida por 15 mil jornadas de trabajo comunitario.
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