Fallos judiciales: jueces favorecen a presuntos criminales
Desde principios de 2024, el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana documenta 193 determinaciones judiciales que han favorecido presuntos delincuentes en México. Estos fallos incluyen resoluciones que permiten la liberación anticipada o la no vinculación al proceso, debilitando los esfuerzos de las fuerzas de seguridad.
[newsletter_form]Más de cien individuos procesados por delitos de alto impacto han recuperado la libertad tras estos fallos, según el informe. La cifra refleja una tendencia creciente en la retroalimentación delictiva y pone en evidencia las debilidades del sistema de justicia.
El titular de la @SSPCMexico, Omar García #Harfuch, denunció la sistemática actuación de #jueces cuyas resoluciones definitivas o modificaciones de medidas cautelares han favorecido a 193 delincuentes presuntamente vinculados al crimen organizado.
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— La Jornada (@lajornadaonline) May 8, 2025
Jueces señalados y estadísticas clave
Entre los magistrados mencionados figura Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con varias resoluciones que resultaron en sentencias absolutorias para acusados de delincuencia organizada y corrupción. Estos casos han generado un debate sobre la equidad y la transparencia en los procesos judiciales.
Silvestre Peña Crespo destaca con cinco traslados indebidos entre distintos centros federales de readaptación social, afectando a internos vinculados con secuestro, portación ilegal de armas y otros delitos de alto impacto. Estas irregularidades expuestas en el informe reflejan la magnitud de la problemática.
Traslados indebidos de internos y procedimientos irregulares
El reporte también señala que se autorizaron 27 traslados de personas privadas de la libertad sin cumplir los protocolos establecidos. Estos traslados indebidos implican movimientos entre centros federales sin la documentación ni la supervisión necesaria.
La omisión de procedimientos, como la falta de justificaciones formales y de notificaciones, ha facilitado el desplazamiento de reos de alta peligrosidad. Estas prácticas abren la puerta a la fuga de información y al fortalecimiento de redes delincuenciales.
Sentencias absolutorias y cambios de medida cautelar
Los fallos que permitieron 164 egresos por cambio de medida cautelar fueron determinados por 42 jueces en distintas entidades. Entre ellos, Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, en Sonora, se registran con altas cifras de resoluciones a favor de acusados por delitos graves.
En un periodo que abarca de octubre de 2024 a abril de 2025, fueron liberadas 26 personas vinculadas a cárteles como Sinaloa, Golfo y Zetas mediante autos de libertad y sentencias absolutorias. Estas resoluciones incrementan el riesgo de reactivación de grupos criminales.
Debilidad del sistema de justicia y corrupción judicial
La acumulación de liberaciones y traslados irregulares pone en duda la efectividad del sistema de justicia en casos de alto impacto. La falta de controles internos y de rendición de cuentas ha sido subrayada como un factor de corrupción judicial.
Autoridades han reiterado la urgencia de fortalecer los mecanismos legales y procesales para evitar que fallos judiciales favorezcan a criminales y para blindar el debido proceso en todas las etapas penales.
