El incidente ocurrió el 24 de febrero de 2024, cuando José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció una invasión de su privacidad debido a la divulgación de su número telefónico en las redes sociales. Este hecho no solo impactó a López Beltrán, sino también a su familia, quienes consideran que su seguridad está en peligro.
López Beltrán sugiere que este acto fue una represalia por los eventos que ocurrieron días antes de la infiltración de su número. En una de sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador compartió el número de teléfono celular de Natalie Kitroeff, coautora de un reportaje titulado “Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos del presidente de México con los Carteles”, que fue publicado en The New York Times.
En respuesta a las críticas por este acto, el presidente López Obrador defendió su decisión en una conferencia de prensa el día después de la divulgación, alegando que no había sido un error y que repetiría la acción si fuera necesario.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México rechazó la justificación del presidente, haciendo hincapié en que el derecho a la privacidad es un derecho constitucional que no puede ser violado por nadie, incluyendo a las autoridades. El comisionado del INAI, Adrián Alcalá, enfatizó que todas las autoridades deben cumplir con las leyes y la Constitución.
Según el artículo 16 de la Constitución mexicana, cada individuo tiene el derecho de proteger sus datos personales, y cualquier difusión de estos datos debe seguir las regulaciones prescritas por la ley. La ley también establece ciertas excepciones a este derecho por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o para proteger los derechos de terceros.
