Intervención militar directa contra cárteles de drogas
Recientemente se firmó una orden ejecutiva secreta que autoriza al Pentágono a intervenir contra cárteles de drogas, incluidos los dedicados al tráfico de fentanilo. Esta decisión traslada al ejército tareas que históricamente corresponden a las fuerzas del orden, marcando un giro en la estrategia de combate al narcotráfico.
La medida se presenta como la acción más agresiva hasta ahora en la campaña contra estas organizaciones, al otorgar facultades militares para operar en zonas marítimas y terrestres.
Alcance en zonas terrestres y marítimas
El nuevo mandato permite el despliegue de tropas en aguas internacionales y áreas costeras, así como en territorio adyacente a fronteras. El objetivo es interceptar embarcaciones y rutas de aprovisionamiento antes de que el fentanilo o cualquier otro estupefaciente alcance el mercado.
En lo terrestre, las fuerzas castrenses podrán instalar puestos de vigilancia y llevar a cabo operaciones defensivas en puntos considerados estratégicos, siempre que enfrenten un ataque directo.
Orden ejecutiva secreta y despliegue del Pentágono
La orden ejecutiva define un marco legal para que el Pentágono actúe fuera de Estados Unidos con carácter defensivo. Según el texto, las tropas solo podrán responder si son atacadas o si identifican una amenaza inminente a su seguridad.
Este planteamiento evita declarar una guerra abierta contra los cárteles, aunque reconoce la necesidad de una “acción muy calculada” para no escalar el conflicto.
Responsabilidad militar frente a la aplicación de la ley
Tradicionalmente, la persecución de organizaciones narcotraficantes ha sido competencia de policías y agencias federales. Con este cambio, el ejército asume una responsabilidad que antes estaba reservada a las fuerzas del orden.
El desplazamiento de esa línea divisoria implica un debate sobre la constitucionalidad y el papel que las fuerzas armadas deben tener en misiones internas u orientadas a combatir delitos transnacionales.
Implicaciones legales y riesgos civiles
La orden establece que las tropas solo intervendrán bajo un carácter estrictamente defensivo, lo que significa que deben ser atacadas para abrir fuego. Aun así, el riesgo de daños a población civil sigue siendo elevado en zonas con alta densidad de tránsito.
La complejidad legal se agrava al operar en países extranjeros, donde cualquier error de identificación o exceso de fuerza puede generar disputas diplomáticas.
Clasificación como organizaciones terroristas y consecuencias políticas
El gobierno de Estados Unidos ha catalogado a varios cárteles de drogas como organizaciones terroristas amparándose en la Ley Patriota de 2001. Esta etiqueta habilita el uso de fuerza militar en territorio foráneo.
Sin embargo, la designación conlleva riesgos políticos y sociales, tanto en el país emisor como en las naciones donde operan estos grupos, al dificultar acuerdos de cooperación y elevar la tensión regional.
