Incineración de clorhidrato de cocaína y metanfetamina en Sinaloa
Se incineró un total de 1 324.986 kg de clorhidrato de cocaína en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Navolato y Mazatlán como parte del programa de destrucción de sustancias ilícitas.
[newsletter_form]Además, se eliminaron 1 050.3543 kg de metanfetamina y 5 359 L de soluciones con estas drogas, aplicando protocolos especializados para su control y registro.
Procedimiento de eliminación y control
El proceso consistió en la incineración en hornos industriales de alta temperatura, diseñados para neutralizar compuestos orgánicos y químicos contaminantes.
Cada carga fue pesada, sellada y registrada según lineamientos forenses, garantizando la trazabilidad de los lotes antes y después de la quema.
Destrucción de marihuana y compuestos psicoactivos
Se reportó la destrucción de 169.1643 kg de marihuana, repartida en muestras vegetales y extractos concentrados procedentes de operativos contra el narcotráfico.
Entre los materiales incinerados se incluyó tetrahidrocannabinol y ácido tartárico, elementos derivados de las plantas antes de su conversión en productos ilícitos.
Control de sustancias derivadas
Los agentes forenses separaron cada lote según su concentración de principios activos y su origen geográfico antes de enviarlos al horno de combustión.
Se llevaron bitácoras de cadena de custodia para cada unidad de análisis, sin exposición pública de los alijos.
Eliminación de unidades, dosis y volúmenes de narcóticos diversos
Se incineraron 2 224 061 unidades de dosis controladas que incluían psilocibina, paracetamol y otros medicamentos con potencial de abuso.
Complementariamente, se destruyeron 291.0325 kg y 660.126 L de precursores y mezclas, siguiendo estándares para la gestión de residuos peligrosos.
Registro estadístico de volúmenes
Los informes internos detallan el número de unidades, masa por lote y volumen líquido, ordenados por tipo de sustancia y pureza.
Cada operación queda documentada en un expediente técnico que respalda la legalidad y el control administrativo de la incineración.
