Nombramientos en IMSS-Bienestar y exigencia de transparencia
El gobernador Rubén Rocha Moya cuestionó la reciente asignación de la administradora en Sinaloa realizada por el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Julio César Quintero, sin consulta previa. Criticó el procedimiento como una imposición autoritaria que afecta la rendición de cuentas en el sistema de salud.
Según el mandatario, la persona designada proviene de la etapa del Seguro Popular durante la gestión de Mario López Valdez, periodo marcado por señalamientos de corrupción en salud. Esta vinculación ha reavivado el debate sobre la transparencia y la ética en las colocaciones de alto nivel dentro del instituto.
El reclamo oficial pone en evidencia tensiones entre el gobierno estatal y las oficinas centrales de IMSS-Bienestar, al recalcar la importancia de contar con procesos claros y participativos. La falta de comunicación previa generó cuestionamientos sobre la autonomía del estado para opinar en decisiones clave.
Reclamo del gobernador al coordinador estatal
Rocha Moya dirigió su demanda directamente a Julio César Quintero, señalando que las designaciones deben incluir al titular del Ejecutivo para garantizar equidad y supervisión. Esta postura refleja la exigencia de un mecanismo de consulta que impida nombramientos unilaterales.
El gobernador insistió en la necesidad de transparencia y rechazó que se reproduce un patrón de imposición heredado de administraciones anteriores. La crítica se centra en evitar prácticas que puedan minar la confianza de la población en los servicios de salud pública.
Antecedentes de corrupción sanitaria en cargos públicos
La nueva administradora tiene historial asociado al Seguro Popular, programa que enfrentó denuncias por malversación de recursos y falta de rendición de cuentas. Varios exfuncionarios fueron señalados por desvío de fondos y contratos irregulares en la compra de insumos médicos.
Esos señalamientos forman parte de una etapa en la que la supervisión administrativa fue cuestionada por opacidad en los procedimientos. El gobernador alude a esa experiencia para demandar mayor escrutinio antes de ratificar cualquier nombramiento.
Demandas de participación en procesos de designación
La exigencia principal radica en incorporar al Ejecutivo estatal en las consultas previas a la asignación de cargos. Se busca evitar que la colocación de responsables en salud dependa únicamente de criterios administrativos internos del IMSS-Bienestar, sin contrapesos.
Además, se plantea establecer lineamientos claros para garantizar que futuros nombramientos consideren méritos, trayectoria y ausencia de antecedentes cuestionables. La propuesta aboga por un sistema de designación más abierto y sujeto a evaluación pública.
