Conflicto de nombramiento en IMSS-Bienestar
El gobernador Rubén Rocha Moya señaló que la coordinación estatal del IMSS-Bienestar y la administración central tomaron la decisión de manera unilateral. La falta de consulta previa generó cuestionamientos sobre las prácticas de liderazgo en el sistema de salud pública.
La funcionaria propuesta ya había laborado durante la era del Seguro Popular, periodo que estuvo bajo la gestión de Mario López Valdez. En ese lapso se reportaron señalamientos de irregularidades y posibles actos de corrupción en unidades médicas.
La imposición de dicha administradora avivó el debate sobre la autonomía del personal local frente a las directrices del equipo central de dicho instituto de salud.
Acusaciones de imposición autoritaria y controles administrativos
Rocha Moya describió la maniobra como un ejercicio de autoritarismo administrativo, aludiendo a la falta de mecanismos de participación regional. Cuestionó la autoridad de quien tomó la determinación sin consensuar con las autoridades estatales.
El conflicto expone tensiones entre instancias federales y gubernaturas que buscan preservar la operatividad local en centros de atención. La discusión gira en torno al equilibrio de poder y la transparencia en nombramientos del sector salud.
Este episodio plantea dudas sobre la gobernanza interna del IMSS-Bienestar y la capacidad de las regiones para gestionar recursos y personal.
Discrepancias en derechos y privilegios del personal
Una de las quejas principales se centró en el trato diferenciado entre el equipo local y el recién designado. El gobernador argumentó que existían condiciones laborales y prestaciones distintas para ambos grupos.
La controversia resalta la relevancia de la equidad en servicios de salud y la necesidad de homologar beneficios al interior de la misma institución. Los trabajadores estatales demandan criterios claros y uniformes.
Este conflicto pone de relieve la importancia de normar los procesos de asignación de puestos y asegurar transparencia en cuanto a salarios, bonificaciones y otros incentivos laborales.
Revocación de la designación y siguientes pasos
Finalmente, el gobernador Rocha Moya anunció que la autoridad central decidió anular el nombramiento de la administradora impuesta. Con ello, se restituyó la estructura previa mientras se revisan los protocolos de selección.
La medida implica un retroceso de la imposición inicial, aunque no especifica el procedimiento que seguirán para elegir al nuevo responsable de la coordinación estatal.
El caso pone en discusión la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre niveles de gobierno y garantizar procesos participativos en la salud pública.
