Comalcalco, Tabasco.— Ciudadanos denunciaron el que líneas de transporte y empresas contratistas operaban cargando y vendiendo combustible robado (huachicol) cerca de la terminal de Pemex en Comalcalco.
Lo que sabemos
- Denuncia pública por cobro y venta de combustible robado en las inmediaciones de la terminal de Pemex en Comalcalco.
- Empresas señaladas: FJ Comercializadora y Arrendadora SADCB, entre otras contratistas del gobierno estatal.
- Venta de pipas de 60,000 litros y traslado del combustible a Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán.
- Documentos aportados indican operaciones clandestinas y permisos limitados a centros de acopio.
- Quejas dirigidas al entonces gobernador Adán Augusto López Hernández sin respuesta aparente.
Operación de huachicol y empresas contratistas en Comalcalco
La denuncia describe que líneas de transporte cargaban combustible robado en la terminal de Pemex y lo ofrecían a bajo precio y sin facturación. Los denunciantes vinculan esas maniobras con empresas que habían sido contratistas del gobierno estatal.
Se mencionan nombres de sociedades presuntamente implicadas, entre ellas FJ Comercializadora y Arrendadora SADCB. Según los documentos, la comercialización se realizaba de manera irregular y con ventas en especie.
Permisos y operación
Los documentos aportados por los denunciantes señalan que algunas autorizaciones solo permitían funcionar como centros de acopio. Aun así, las empresas habrían operado de forma clandestina para el traslado y venta mayorista.
Rutas de traslado y destino del combustible
La denuncia precisa que parte del combustible era transportado a otros estados. El movimiento incluía pipas de gran capacidad, con volumen reportado de 60,000 litros por unidad.
Los destinos señalados en la documentación son:
- Veracruz
- Oaxaca
- Península de Yucatán
Denuncias al gobierno estatal y falta de acción aparente
Varias de las quejas fueron dirigidas al entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, según la fuente. No se reporta, en la información aportada, una intervención clara de las autoridades locales tras las denuncias.
Los denunciantes también atribuyen presunta protección de elementos policiales estatales y federales a la operación. Los documentos y las declaraciones recabadas forman la base de las acusaciones presentadas ante autoridades.
