Para que Sinaloa tenga la mejor legislación que atienda un problema tan sensible como es la desaparición forzada de personas, trabajan diputados del Congreso estatal.
Diputados de las comisiones, de Puntos Constitucionales y Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, tuvieron un encuentro con organismos y personas interesadas en esta legislación.
Este encuentro que se realizó en este Poder Legislativo, estuvo encabezado por Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política.
La diputada reiteró la apertura de este Congreso para escuchar todas las opiniones y propuestas para que Sinaloa tenga la mejor ley que pueda funcionar ante un tema tan sensible y penoso.
En este acto, donde estuvo José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la legisladora mencionó que posteriormente se hará un trabajo técnico.
En este trabajo técnico, se analizará artículo por artículo con la finalidad de llegar a consensar la propuesta de la mejor ley, explicó Domínguez Nava.
En la apertura de este encuentro, la Presidenta de la JUCOPO enfatizó que el problema de la desaparición forzada de personas es una tragedia nacional.
Lamentablemente Sinaloa ha sido un gran contribuyente y como en todos los casos de violaciones graves a los derechos humanos, está justificada la consigna: ‘Fue el Estado’, añadió.
Siendo más específicos, prosiguió, puede decirse: ‘Fueron los gobiernos, o su ausencia, omisión y hasta su complicidad’.
Ante esta terrible crisis humanitaria, el Congreso de la Unión se vio obligado a expedir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Dicha Ley General fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de noviembre de 2017 y entró en vigor 60 días después, es decir, a partir del 17 de enero de 2018.
Un mes después debieron entrar en funciones las respectivas Fiscalías y en el término de 90 días, crearse las Comisiones Locales de Búsqueda; cuando más tarde, el 17 de abril de 2018.
Expuso que su artículo cuarto transitorio dispuso que los gobiernos estatales, es decir, sus legisladores y gobernantes, deberían armonizar su legislación local con la Ley General en un plazo de 90 días posteriores al inicio de su vigencia. El plazo venció el 17 de julio de 2018.
Domínguez Nava prosiguió que la anterior Legislatura y el gobierno del Estado desobedecieron el mandato e incurrieron en omisiones legislativas y administrativas.
Nunca armonizaron la legislación estatal con la Ley General, tampoco crearon la Fiscalía Especializada ni la Comisión Estatal de Búsqueda y apenas hace unos días, gobierno estatal, emitió un acuerdo de creación de la comisión y la convocatoria para la designación de su titular.
Lo ha hecho a destiempo y no de la mejor manera, pues no envió la correspondiente iniciativa de ley en los plazos legales correspondientes a este Poder Legislativo, continuó.
“Ante estos vacíos de poder, le ha tocado a esta Legislatura encarar el reto de poner nuestra legislación y las políticas públicas locales a tono con las federales, mediante la presentación de iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado y para expedir las leyes en esta materia”, explicó.
En diciembre pasado, señaló, este Congreso aprobó un paquete de reasignaciones al proyecto de presupuesto estatal, una partida destinada a una todavía inexistente, pero obligada al fin, Comisión Estatal de Búsqueda.
Proyecto en el que, por cierto, el gobierno del Estado había ignorado, una vez más, sus obligaciones, agregó.
El proceso legislativo del paquete de iniciativas sobre este doloroso e inaceptable problema, registra ya avances notables, aseguró Domínguez Nava.
“Este importante foro será un gran paso que nos acercará al objetivo de dotar al estado y a la sociedad sinaloense de herramientas realmente eficaces para superar una situación que nunca debió padecer su noble y sufrido pueblo”, manifestó la diputada.
Horacio Lora Oliva, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, señaló que el encuentro fue para analizar un tema que lastima los sentimientos más profundos de la familia, que socava la sana convivencia social e impacta al Estado.
En los últimos años se han incrementado, de manera exponencial, los casos de desaparición forzada, llevada a cabo por elementos del gobierno y también por parte de particulares, que configura una lamentable y dolorosa realidad que debe ser revertida de manera pronta, dijo.
La diputada Karla de Lourdes Montero Alatorre cuestionó que la autoridad dé las gracias a los colectivos por colaborar, sin embargo, lo que deben hacer, es pedir perdón.
La autoridad debe pedir perdón por no hacer su trabajo y no trabajar para ellas, consideró.
“Sólo las personas que tenemos familiares desaparecidos, o hemos visto a nuestras madres enterrar a un hijo, sabemos ese dolor, créanme lo comparto y lo viví”, expresó.
Jesús Angélica Díaz Quiñónez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que para elaborar una ley que de verdad atienda este problema, deben escuchar a las personas afectadas, así como a gente experta y de amplia experiencia que lleva muchos años denunciando, investigando y exigiendo que el Estado se haga responsable.
“Sabemos que la tarea no termina con la realización de estos encuentros, ni con la expedición de la ley que sea fruto de estos trabajos, pero sí son los pasos en la dirección correcta para ir buscando soluciones a este enorme problema que es la desaparición forzada de personas”.
Con la finalidad de avanzar en el tema, a las 10:00 horas del miércoles próximo, se tendrá otra reunión.
