Disturbios en Los Ángeles y acusaciones de agitadores profesionales
El presidente de EE. UU. responsabilizó a “agitadores profesionales” e “insurrectos” de los disturbios en Los Ángeles tras las protestas contra las redadas migratorias. Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la policía local, que registró daños a mobiliario urbano y alteraciones del orden público.
Varios residentes criticaron la escalada de tensión y cuestionaron la presencia de grupos ajenos a las organizaciones vecinales. Aún se desconoce el origen preciso de los “agitadores” señalados por la Casa Blanca y si existió coordinación previa a los incidentes.
Despliegue de la Guardia Nacional bajo Título 10
Para contener las protestas, Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional amparado en el Título 10 del Código de EE. UU. Esta figura legal habilita el uso de tropas federales sin autorización estatal previa, una medida poco frecuente en el contexto de manifestaciones civiles.
El operativo incluyó patrullajes y puestos de control en zonas clave de la ciudad, con el objetivo de evitar nuevos brotes de violencia. Sin embargo, algunos analistas advierten que el uso del Título 10 puede generar un precedente para intervenciones militares en conflictos internos.
Disputa entre la administración federal y el estado de California
El gobernador Gavin Newsom calificó la acción de “innecesaria” y recriminó al gobierno federal por omitir la consulta previa con las autoridades estatales. Según el ejecutivo local, la movilización de tropas sin coordinación complica la gestión de seguridad y erosiona la autonomía de California.
Ante las críticas, Trump tildó a Newsom de “tremendamente incompetente” y recordó su papel en la gestión migratoria. A su vez, el gobernador desafió al zar fronterizo a presentarlo ante tribunales por obstrucción, evidenciando un choque de competencias.
Discrepancias legales y políticas
Especialistas en derecho constitucional advierten que el uso del Título 10 puede contravenir protocolos de cooperación entre niveles de gobierno. La omisión de consultas abre debates sobre los límites del poder ejecutivo en situaciones de orden público.
Por su parte, organizaciones civiles solicitan transparencia en los informes de la Guardia Nacional y piden que se esclarezca la participación de supuestos agitadores en los disturbios.
