Grupo Salinas deberá pagar un adeudo de 51 mil millones de pesos al SAT a partir de , tras la resolución definitiva de la Suprema Corte que rechazó los últimos recursos legales promovidos por Ricardo Salinas Pliego.
Puntos clave
- Adeudo por 51,000 millones de pesos que el SAT pretende cobrar a empresas de Grupo Salinas.
- Determinaciones del SAT abarcan ISR de los ejercicios 2008–2013, fiscalizadas entre 2013 y 2018.
- Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió a favor del SAT entre 2019 y 2023; tribunales colegiados negaron amparos en 2024 y 2025.
- Las empresas pueden solicitar esquemas de pago y ajustes a la baja hasta 39% conforme a la ley y sentencias.
Suprema Corte y cronología del proceso jurídico
La resolución final de la Suprema Corte desechó los recursos presentados por Ricardo Salinas Pliego, lo que habilita al SAT a continuar con el cobro del adeudo. El fallo cierra la vía judicial federal que mantenía en disputa la obligación tributaria.
El proceso comenzó con determinaciones fiscales entre 2013 y 2018 sobre ISR correspondiente a los ejercicios 2008–2013. Posteriormente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió entre 2019 y 2023 que los adeudos eran procedentes; luego tribunales colegiados negaron amparos en 2024 y 2025.
SAT: monto, plazos y opciones de pago
El titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, informó que el monto reclamado asciende a 51 mil millones de pesos. La autoridad fiscal indicó que podrá iniciar el procedimiento de cobro una vez surta efecto la resolución definitiva de la Corte.
Martínez Dagnino explicó que las empresas pueden mostrar intención de pago y solicitar al SAT esquemas de financiamiento. También pueden tramitar ajustes a la baja que, en casos aplicables y conforme a la ley y sentencias, alcanzan hasta 39% del monto reclamado.
Declaraciones presidenciales y posible destino de los recursos
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que espera que las empresas paguen y planteó el uso de los recursos para programas sociales. Mencionó ejemplos como becas y la pensión Mujeres Bienestar como posibles rubros de destino.
Las declaraciones sitúan el cobro dentro de un debate público sobre redistribución de recursos fiscales. No se detallaron montos ni plazos específicos para la canalización hacia programas sociales.
