El Gobernador de Texas, Greg Abbott, ha decidido desafiar al Departamento de Justicia de Estados Unidos al negarse a ordenar la retirada de las boyas flotantes del río Bravo (conocido como río Grande en Estados Unidos), que forman parte de una operación estatal en la frontera entre Texas y México. La acción del Departamento de Justicia de emprender acciones legales contra la colocación de estas barreras flotantes fue comunicada a Texas la semana pasada y exigió su retirada antes del plazo del lunes a las 14:00 horas ET.
En una carta dirigida al Presidente Joe Biden, que fue publicada en su cuenta de Twitter, Abbott expresó que Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para hacer frente a la crisis provocada por las políticas migratorias del gobierno federal. Además, el Gobernador advirtió que llevará el caso a los tribunales si es necesario.
Abbott justificó su posición aludiendo al «interés soberano de Texas en proteger sus fronteras», citando su papel como comandante en jefe de la milicia estatal bajo la Constitución de Texas. Sin embargo, el Departamento de Justicia argumentó que la colocación de estas barreras flotantes viola una cláusula de la ley federal que prohíbe obstrucciones a la capacidad navegable de las aguas de los Estados Unidos y la construcción de estructuras en dichas aguas sin autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
El Gobernador Abbott también exigió al gobierno de Biden aplicar las leyes migratorias y responsabilizó a las políticas de fronteras abiertas por la crisis migratoria y por alentar a los inmigrantes a arriesgar sus vidas en el peligroso cruce de la frontera. La Casa Blanca ha calificado las acciones de Abbott como «peligrosas», «ilegales» y crueles, argumentando que no solo ponen en riesgo la vida de los migrantes, sino también la de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Esta disputa entre el gobierno de Texas y el Departamento de Justicia ha aumentado la tensión en el ya controvertido tema de la inmigración y la seguridad fronteriza, y se espera que el enfrentamiento legal continúe en los tribunales. Mientras tanto, la situación migratoria en la región sigue siendo un desafío para ambas partes involucradas.
