Proceso legal y señalamientos por abuso de autoridad
El exalcalde Gerardo Vargas Landeros fue vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad en el contrato de arrendamiento de 126 patrullas. Los 171 millones de pesos destinados provocaron cuestionamientos sobre el cumplimiento de la normativa municipal y estatal.
La diputada María Teresa Guerra Ochoa enfatizó que, pese a la imputación, el proceso legal debe apegarse estrictamente a lo dispuesto en ley. Reconoció el derecho del acusado a ejercer su defensa y a presentar las pruebas que considere pertinentes.
Solicitud de declaratoria de procedencia y control de legalidad
El Congreso del Estado recibió formalmente la petición de declaratoria de procedencia enviada por la Fiscalía General del Estado. Dicha solicitud fue respaldada por una denuncia de la Auditoría Superior del Estado, que detectó irregularidades en el procedimiento de arrendamiento.
La normativa señala que un contrato de esta magnitud requiere licitación pública, por lo que la ausencia de ese proceso abrió la investigación. La valoración de la documentación entregada por la Fiscalía se realiza de acuerdo con el procedimiento legislativo correspondiente.
En su intervención, Guerra Ochoa recordó que la defensa del exfuncionario puede aportar elementos adicionales. Al mismo tiempo, advirtió que las observaciones técnicas presentadas deben corroborarse ante la instancia judicial correspondiente.
Licitación pública y auditorías oficiales
La exigencia de licitación pública busca garantizar la transparencia en la contratación de patrullas. La falta de un concurso abierto intensificó las dudas sobre la legalidad del convenio suscrito por la administración municipal anterior.
El monto del contrato y el método de adjudicación directa motivaron revisiones tanto de la Auditoría Superior del Estado como de la Auditoría Superior de la Federación.
Hallazgos de la Auditoría Superior del Estado
La Auditoría Superior del Estado detectó que no existe registro físico de las unidades arrendadas. La ausencia de evidencia tangible complicó la verificación de la prestación del servicio y el cumplimiento de las cláusulas contractuales.
De forma paralela, la Auditoría Superior de la Federación señaló deficiencias en los comprobantes de entrega, lo que agravó las observaciones técnicas y financieras en torno al procedimiento de arrendamiento.
Exigencia de pruebas y observaciones financieras
Además de permitir la defensa, el proceso involucra el análisis de observaciones técnicas y financieras claras. Las autoridades legislativas deben evaluar que los montos y las condiciones se ajusten a las disposiciones legales vigentes.
La revisión crítica de las auditorías y la declaración de procedencia sentarán las bases para la determinación de responsabilidades. Mientras tanto, el caso avanza bajo la supervisión de las instancias competentes sin emitir juicios de valor adicionales.
