Mecanismos del fraude en la venta ilegal de terrenos
El fraude en la venta ilegal de terrenos se basa en la oferta de espacios que carecen de respaldo legal. Las promesas de regularización se presentan como atractivos beneficios, pero en realidad no tienen sustento jurídico.
Los ofertantes utilizan términos como “derecho de posesión” o “título provisional” para dar apariencia de validez. Estas maniobras generan confusión entre los interesados y ocultan la falta de permiso oficial.
Promesas de títulos de propiedad
Los estafadores anuncian títulos de propiedad que no han sido inscritos ante el Registro Público. De este modo, aseguran supuestos derechos plenos sobre los terrenos, aunque jamás cumplen con el trámite formal.
En algunos casos muestran documentos apócrifos o sellos falsos. Esta simulación de legalidad induce a las víctimas a entregar anticipos o pagos totales sin ninguna garantía real.
Cartas de posesión sin validez jurídica
Las “cartas de posesión” operan como recibos de pago, pero no constituyen título de propiedad. Carecen de reconocimiento por parte de autoridades competentes y no generan derechos reales.
Con este documento, los invasores creen tener cobertura legal para habitar o vender el terreno. Sin embargo, cualquier disputa termina en reclamos sin respaldo formal.
Operatividad de líderes y grupos estafadores en la comercialización ilegal de parcelas
Los grupos agitadores y líderes informales organizan invasiones para promover el negocio de terrenos. Su finalidad es captar la confianza de familias con ofertas de bajo costo.
Estas agrupaciones coordinan jornadas de venta y cobran mensualidades, manteniendo indisposición para mostrar permisos oficiales o planos catastrales.
Estrategias de manipulación a invasores
Se aprovechan de la necesidad de vivienda para presionar a las personas a firmar documentos sin revisar cláusulas. La falta de asesoría legal favorece la continuidad del esquema.
La difusión boca a boca y reuniones comunitarias sostienen la imagen de normalidad, mientras se ocultan antecedentes de denuncias o procesos judiciales.
Cobros mensuales y falta de respaldo legal
El pago periódico se presenta como garantía de adquisición, pero no se traduce en derechos registrales. Los ingresos recaudados financian la operación de los organizadores.
Cuando las víctimas buscan certeza legal, descubren que no existe expediente oficial ni respaldo de la Comisión de Vivienda, única autoridad facultada para otorgar títulos.
