Ciudad de México, México.— La Fiscalía General de la República (FGR) señaló al empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú como integrante de una red que, según la investigación, traficó armas ocultas en pacas de ropa desde Guatemala hacia la Ciudad de México y otras entidades.
Puntos clave
- La carpeta FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024 vincula a Rocha Cantú con una estructura de tráfico de armas y huachicol.
- Armas iban ocultas en pacas de ropa transportadas en autobuses comerciales hasta Plaza Pino Suárez en CDMX.
- Destinatarios presuntos: CJNG, La Unión Tepito, La Chokiza y Grupo Sombra de Veracruz.
- La FGR emitió órdenes de aprehensión contra 13 personas; solo una funcionaria ha sido detenida hasta ahora.
Rutas y logística: Guatemala, autobuses comerciales y Plaza Pino Suárez
Documentos y testimonios incluidos en la carpeta de investigación describen el uso de autobuses comerciales que ingresaban desde la frontera con Guatemala con cargamentos ocultos en pacas de ropa. El punto de llegada reportado fue la zona de Plaza Pino Suárez en la Ciudad de México, cercana a Palacio Nacional.
Desde ese punto, operadores asignados distribuían el armamento a distintos grupos criminales. La comercialización se realizaba en transacciones presenciales y por medios digitales; un canal administrado por un individuo identificado como “kevin” aparece como pieza clave en la coordinación.
Estructura empresarial y operadores señalados por la FGR
La investigación identifica empresas fachada y operadores financieros que, según la FGR, funcionaron para dar apariencia legal a las operaciones de tráfico de armas y combustible. Entre las firmas mencionadas están compañías vinculadas a energía, seguridad y desarrollo inmobiliario, usadas para presuntamente lavar recursos.
Varios nombres aparecen en el expediente como responsables técnicos, logísticos o financieros. La carpeta destaca a Jacobo Reyes León —conocido como “Yaicob” o “el Lic”— y a Jorge Enrique Alberts Ponce, además de operadores señalados por funciones específicas.
- Daniel Roldán Morales (“El Inge”) —control técnico y de ganancias.
- Sergio Hurtado Perea (“Ingeniero Hurtado”) —almacenamiento y traslado de hidrocarburos.
- Alejandro Jacob Álvarez Arriaga (“Ale”) —logística y apoyo financiero.
Infiltración y órdenes de aprehensión registradas por la FGR
La carpeta señala pagos a funcionarios adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por montos que, según el expediente, iban de 120,000 a 2,000,000 de pesos. Esos recursos habrían servido para obtener copias de carpetas, alertas sobre operativos y cambios en rutas.
En la investigación se menciona a funcionarias y empleados públicos, entre ellos Mari Carmen Ramírez Rodríguez —detenida y vinculada a proceso— y Diego Adrián Mendoza Pérez. También se alude a la posible intervención de una jueza federal, cuyo papel permanece bajo reserva.
La FGR emitió órdenes de aprehensión contra 13 personas el ; hasta el cierre de la carpeta informativa solo una funcionaria había sido detenida. Rocha Cantú, por su parte, se acogió a un criterio de oportunidad y figura como testigo colaborador en el expediente.
