Extradición del presunto operador del Cártel de Sinaloa
El traslado de Manuel “A”, alias “El Meño”, se realizó el martes 15 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue entregado a autoridades de Estados Unidos tras un proceso iniciado por la Fiscalía General de la República. La orden de extradición atendió una solicitud de la corte federal del Distrito de Columbia, que lo señala por delitos de asociación delictuosa y contra la salud.
Agentes estadounidenses arribaron al punto de entrega para hacerse cargo del imputado, encargado de coordinar operaciones de tráfico de cocaína. El procedimiento se ejecutó sin mayores incidentes y se enmarcó en los protocolos bilaterales establecidos para este tipo de traslados internacionales.
La extradición de “El Meño” se aprobó luego de varios años de trámite legal y revisión administrativa. Durante ese lapso, el sujeto permaneció bajo custodia de la FGR mientras se resolvía el recurso de oposición y las notificaciones correspondientes.
Detención en Culiacán y trámites judiciales
Manuel “A” fue detenido el 28 de junio de 2016 en Culiacán, Sinaloa, en un operativo conjunto de fuerzas federales. Desde ese momento, el presunto operador del cártel quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial, pendiente de las audiencias de control y vinculación a proceso.
El caso enfrentó demoras derivadas de solicitudes de información y defensa de los imputados, así como de revisiones de fondo por parte de la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores para validar la petición de Estados Unidos. Estos trámites prolongaron la permanencia en territorio nacional.
Dos días después del arresto, el gobierno estadounidense congeló los bienes de Manuel “El Meño”, de su hermano Martín Guadencio Avendaño Ojeda y de un tercero vinculado a la estructura criminal. Los activos bloqueados incluían propiedades y cuentas bancarias señaladas como producto de actividades ilícitas.
Red de tráfico internacional de cocaína
Según la investigación de la FGR, el imputado y su hermano lideraban una red que establecía contacto con intermediarios colombianos para el suministro de hidrocarburos de alta pureza. A través de esta asociación, coordinaban la importación de cargamentos con destino a mercados en Estados Unidos.
La organización criminal empleaba rutas marítimas y cruces terrestres en puertos del Pacífico mexicano, evitando puntos de control elevados mediante rutas alternas. Este sistema permitía minimizar el riesgo de decomisos y garantizar la llegada de la droga a distribuidores locales.
Rutas marítimas y transporte terrestre
En las fases de embarque, se utilizaban embarcaciones de pequeño calado y contenedores camuflados para ocultar paquetes de cocaína. Los envíos salían de puertos con bajo monitoreo internacional, lo que facilitaba el paso sin alertar a autoridades aduaneras.
Una vez en territorio mexicano, el producto era trasladado en vehículos particulares y plataformas de carga hacia diversos estados fronterizos. Desde allí, la distribución final se hacía por caminos secundarios que conectan con puntos de revisión menos concurridos.
Procesamiento en corte federal de Washington
En la corte federal del Distrito de Columbia, Manuel “A” enfrenta cargos formales por asociación delictuosa para distribuir cocaína y delitos contra la salud pública. Los fiscales de Estados Unidos presentaron pruebas de comunicaciones interceptadas y registros financieros.
El proceso judicial se encuentra en fase de acusación, donde la defensa del imputado podrá presentar evidencias y solicitar la revisión de testigos. El tribunal establecerá fechas para audiencias de presentación de pruebas y argumentaciones.
De ser encontrado culpable, el presunto operador podría enfrentar penas que oscilan entre varios años de prisión y sanciones económicas adicionales. El caso se suma a una lista de procesos pendientes contra operadores de la organización criminal en tribunales internacionales.
