Estrategia Nacional contra la Extorsión de México
El Gobierno de México presentó una Estrategia Nacional contra la Extorsión con el fin de robustecer la prevención y el combate de este delito. El anuncio detalla cinco ejes de acción orientados a limitar la operación de grupos criminales.
El plan integra medidas que van desde controles en centros penitenciarios hasta mecanismos financieros y legales para frenar pagos de extorsión. Cada iniciativa ha sido diseñada para actuar de forma coordinada en distintos ámbitos.
El despliegue implica a diversas dependencias federales y estatales, buscando atender las regiones con mayor incidencia delictiva. La estrategia no ofrece estimaciones de reducción, sino un conjunto de herramientas.
Bloqueo de comunicaciones en prisiones
Uno de los ejes clave es el bloqueo y aseguramiento de teléfonos móviles en los penales. Se implementan dispositivos de inhibición para impedir llamadas no autorizadas desde los centros de reclusión.
La medida pretende cortar la conectividad entre internos y redes externas, frenando órdenes de cobro de extorsión. No se detallan plazos para la completa instalación en todos los centros penitenciarios.
Funcionarios de prisiones asumirán la responsabilidad técnica del monitoreo. Aun así, especialistas advierten que los celulares de última generación podrían burlar algunos sistemas de inhibición.
Congelamiento de activos financieros
La Estrategia establece el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a cobros de extorsión. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la encargada de detectar y bloquear los recursos ilícitos.
El proceso implica un análisis de flujos sospechosos de dinero que provengan de presuntos delitos de extorsión. A la fecha, no hay cifras oficiales sobre montos asegurados.
Expertos en delitos económicos señalan que la medida puede ralentizar operaciones criminales, pero alertan sobre posibles vías alternas de lavado de dinero.
Línea de denuncias anónimas y confidencialidad
Se habilitó el número 089 para recibir denuncias anónimas relacionadas con extorsión. El servicio promete atención especializada y garantías de reserva de identidad.
La operadora asume la función de canalizar la información a las autoridades competentes. No se especifica cuántos operadores estarán disponibles ni su horario de atención.
Organismos en defensa de víctimas resaltan la importancia de proteger al denunciante, aunque advierten sobre desafíos en la verificación de información.
Coordinación interinstitucional de seguridad pública
El Gabinete de Seguridad, integrado por Sedena, Semar, FGR y Guardia Nacional, se coordinará con autoridades estatales. Se priorizan ocho entidades que concentran el 66 % de las extorsiones.
Las regiones focalizadas son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Cada entidad designará enlaces operativos.
No se aclara cómo se realiza el intercambio de datos ni los criterios para evaluar resultados a corto plazo.
Alianza con fuerzas federales y estatales
La estrategia prevé mesas de trabajo periódicas para unificar protocolos de actuación. Estas mesas integrarán a mandos de seguridad y representantes locales.
Se plantea un esquema de intercambio de informes e inteligencia criminal. Sin embargo, no se han publicado indicadores de desempeño ni auditorías externas.
Marco legal y desmantelamiento de redes criminales
La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia se activa para desarticular organizaciones dedicadas a la extorsión. Su aplicación busca agilizar procesos de recolección de pruebas.
El uso de facultades de investigación contempla detenciones preventivas y órdenes de cateo. No obstante, algunos juristas advierten riesgos de violación a derechos humanos.
La estrategia no ofrece cifras de redes desmanteladas hasta el momento ni detalla plazos para evaluar su impacto operativo.
