Vulneración de derechos con software de vigilancia
El caso de espionaje con Pegasus expuso la intervención de miles de teléfonos de activistas sin que existieran controles judiciales efectivos. El uso de este software de vigilancia se aplicó bajo la justificación de medidas “excepcionales” destinadas a combatir la delincuencia organizada.
A pesar de este argumento, no se logró desarticular estructuras criminales relevantes. En su lugar, se profundizaron prácticas de monitoreo que afectaron la privacidad y la integridad de las comunicaciones de la sociedad civil.
Esta operación pone de manifiesto la vulneración de derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad de las comunicaciones y la protección de datos personales frente al uso de tecnologías de espionaje.
Fallas en la supervisión judicial del espionaje digital
La ausencia de una supervisión judicial rigurosa permitió la autorización masiva de intervenciones telefónicas sin revisiones imparciales y sin parámetros claros sobre su necesidad o proporcionalidad.
Los mecanismos de control existentes no garantizaron transparencia ni rendición de cuentas. Las decisiones quedaron concentradas en ámbitos ejecutivos, lo que limitó la participación de autoridades judiciales independientes.
Esta carencia de supervisión facilita la impunidad en casos de vigilancia masiva y reduce las garantías procesales de las personas sujetas a espionaje, incrementando el riesgo de abusos de poder.
Refuerzo del control político y poblacional
Lejos de desmantelar redes delincuenciales, el empleo de Pegasus contribuyó al fortalecimiento de un sistema orientado al control político. Se potenció el seguimiento de líderes sociales y de agrupaciones civiles.
El despliegue de esta tecnología generó un clima de inseguridad y desconfianza en el espacio público, lo que puede inhibir la libre expresión y la participación ciudadana.
Impacto en la sociedad civil
Activistas y defensores de derechos humanos reportaron cambios en su forma de comunicación, adoptando prácticas de autocensura para evitar ser blanco de intervenciones ilegales.
La percepción de vigilancia constante deterioró la confianza en las instituciones responsables, dificultando el diálogo público y la colaboración entre distintos sectores de la población.
