Un presunto escándalo de corrupción ha sacudido a la comunidad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Varias figuras destacadas, incluyendo al presidente municipal Edgar González Zatarain y a la secretaria del Ayuntamiento, Adda Sarahí Rosas, han sido señalados en acusaciones que involucran la desviación de una suma alarmante de 544 millones de pesos.
Las acusaciones apuntan a posibles actos de simulación en demandas y laudos perdidos, indicando un patrón de conducta cuestionable que aparentemente no es nuevo en la región. El ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, también se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en su desempeño como funcionario público. Uno de los casos más prominentes en su contra es el pago de 146 millones de pesos a Grupo Ahre por una gasolinera que nunca llegó a instalarse.
De los 544 millones de pesos adeudados en el municipio de Mazatlán, se ha anunciado que se está preparando el pago de 338 millones de pesos. Sin embargo, al mismo tiempo se está llevando a cabo una investigación sobre una posible red de tráfico de influencias relacionada con la gestión de dichos pagos.
Según información pública proporcionada por MSG Consultores, el despacho que representa a Grupo Casamar en los litigios, el demandante aparentemente tiene vínculos con el actual tesorero municipal, Melecio Montoya. Esta empresa ha obtenido dos resoluciones favorables en los tribunales, lo que ha llevado al municipio a ser condenado a indemnizarla.
Las resoluciones en cuestión fueron expedidas por el magistrado de la Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Jesús David Guevara Garzón. Estos hallazgos han puesto de relieve la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer el presunto entramado de corrupción y asegurar la transparencia en el manejo de los recursos públicos en Mazatlán.
Las autoridades competentes han anunciado que se llevarán a cabo las investigaciones necesarias para determinar la veracidad de las acusaciones y asegurar que aquellos responsables de actos de corrupción sean llevados ante la justicia. La ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas, y espera que se haga justicia en este escándalo que ha socavado la confianza en la administración pública local.
