Sonora, México.— , el ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, Ernesto “N”, fue vinculado a proceso por peculado por el presunto Desvío de más de 200 millones de pesos.
Puntos clave
- Ernesto “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de peculado.
- Se le acusa de autorizar y participar en Operaciones financieras irregulares relacionadas con programas educativos y culturales.
- El juez abrió la investigación complementaria para determinar el destino de los recursos.
- El monto estimado del desvío supera los 200 millones de pesos.
- Organizaciones civiles y padres de familia exigen transparencia y sanciones.
Vinculación a proceso en la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora
El juez de control consideró que existen elementos suficientes para ligar a proceso a Ernesto “N” por peculado. Con esa decisión, el expediente pasó a la etapa de investigación complementaria para esclarecer los movimientos financieros señalados.
En esa fase, las autoridades deberán identificar el destino final de los recursos y recabar pruebas adicionales para sustentar la acusación. La Fiscalía mantiene la investigación en curso mientras procede la recopilación documental y testimonial.
Acusaciones por peculado y monto señalado
La imputación describe que el exfuncionario autorizó y participó en Operaciones financieras irregulares que habrían derivado en el desvío de recursos públicos. Esas partidas estaban dirigidas a programas educativos y culturales de la dependencia.
El desvío estimado, según el expediente, asciende a más de 200 millones de pesos. Las autoridades buscan seguir la ruta del dinero para determinar responsables y cuantificar el daño a las cuentas públicas.
Investigación complementaria, defensa y reacción pública
Durante la investigación complementaria la defensa podrá presentar pruebas y la Fiscalía continuará recabando información para robustecer la acusación. El proceso seguirá los plazos y formalidades que marca el Código penal y procesal aplicable.
El caso generó atención pública: organizaciones civiles y padres de familia exigieron transparencia en el manejo de recursos y sanciones para los responsables. Las peticiones públicas se suman al trabajo de la autoridad para documentar y esclarecer los hechos.
