Culiacán Sinaloa.- Ante la infinidad de quejas que se han recibido en la Comisión de Seguridad Pública de la actual Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, el Diputado Mario Rafael González Sánchez presentó una iniciativa con el fin de dar certeza laboral a los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, tanto estatales como municipales, ya que acusan haber sido dados de baja con el solo dicho de que no aprobaron los exámenes de control de confianza, sin haber aclarado qué exámenes no aprobaron.
[newsletter_form]El Capi González afirmó que lo anterior viola flagrantemente sus derechos humanos y el debido proceso, además de que se considera fueron objeto de abuso y tortura moral y mental al tenerlos seis u ocho horas en el polígrafo bajo presión, cuando fueron a evaluación de control y confianza, buscando sacarles versiones o hechos que no habían cometido.
El Diputado del Partido del Trabajo (PT) de esta LXIII Legislatura, propone en esta iniciativa que se adicione un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 23, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con el fin de exigir de las autoridades correspondientes que al aplicar los procedimientos disciplinarios o dar de baja a personal de una instituciones de seguridad pública, incluyendo los del Secretariado Ejecutivo, por incumplimiento de los deberes comprendidos en la ley,
En este caso por no aprobar los procesos de evaluación consistentes en la aplicación de exámenes de aptitud física, médicos, toxicológicos, psicológicos, psiquiátricos, de entorno social, de situación patrimonial, poligráficos y análogos que se hayan determinado; sean respetados sus derechos constitucionales y humanos en la aplicación del debido proceso.
«La obligación de respetar los derechos humanos constituye la obligación más inmediata y básica de éstos derechos, en tanto implica no interferir con éstos (sus derechos) o ponerlos en peligro. Se trata, en nuestra opinión, de una obligación tendiente a mantener el goce del derecho y su cumplimiento es inmediatamente exigible cualquiera que sea su naturaleza. En nuestro Grupo Legislativo, sostenemos que ninguno de los órganos pertenecientes al Estado Mexicano, en cualquiera de sus niveles con independencia de sus funciones, debe violentar los derechos humanos, ni por sus acciones ni por sus omisiones», aclaró.
En ese sentido, la iniciativa del Diputado González Sánchez exige que las autoridades correspondientes, al aplicar los procedimientos disciplinarios o dar de baja a personal de las instituciones de seguridad pública, incluyendo los del Secretariado Ejecutivo, sean respetados sus derechos constitucionales y derechos humanos en la aplicación del debido proceso y el elemento agraviado no quede en un estado de indefensión.
Por lo anterior, las Instituciones, incluyendo al Secretariado Ejecutivo, deberán notificar debidamente al personal que se le instaure procedimiento disciplinario o se le pretenda dar de baja, los resultados de las investigaciones, evaluaciones y exámenes que se le hayan practicado, para los efectos legales conducentes; y en cuál de ellos y porqué resultó no aprobado.
