El gobernador Rubén Rocha Moya informó que la administración detectó una deuda de 2,641 millones de pesos por retenciones de nómina no entregadas al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y al Issstesin, identificada la semana pasada en una auditoría interna.
Lo que sabemos
- La deuda asciende a 2,641 millones de pesos por retenciones de nómina.
- Los recursos corresponden a aportaciones de trabajadores destinadas a jubilaciones.
- Los gobiernos señalados son los de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel.
- La administración actual detectó el faltante en una auditoría interna realizada la semana pasada.
Detección en auditoría interna del gobierno estatal
La administración de Rubén Rocha Moya reportó el hallazgo tras revisar registros financieros y de retenciones. Los informes preliminares surgieron durante una auditoría interna ejecutada la semana pasada.
Según el gobernador, el monto corresponde a retenciones que no se pagaron al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y al Issstesin. Las autoridades estatales informaron que ya identificaron el origen de las discrepancias en los periodos señalados.
Origen de la deuda: retenciones en gobiernos de López Valdez y Ordaz
Rocha Moya atribuyó la omisión a las administraciones de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel. Señaló que el dinero aportado por los trabajadores para sus jubilaciones fue utilizado en esos gobiernos.
Las instituciones afectadas son el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y el Issstesin, según el reporte oficial. No se detallaron en la comunicación pública las cuentas o partidas específicas donde se localizaron los faltantes.
compromiso de la administración y pasos siguientes
La gobernatura aseguró que atenderá la deuda detectada y que prepara medidas para corregir la situación. Autoridades prometieron priorizar el pago a las instancias afectadas y revisar los procedimientos de retención y transferencia.
Hasta el comunicado no se han dado fechas ni un calendario público para el pago de los recursos. La información difundida se limitó a la cifra y a la atribución de la omisión a los gobiernos anteriores.
