Detención arbitraria de migrantes en el AIFA
El 25 de junio de 2025, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron sin justificación a Liseth, una mujer venezolana, y a su hijo Misael, de cinco años y con discapacidad auditiva, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La acción se registró mientras acompañaban al hermano de Liseth, quien iba a regresar de forma voluntaria a Venezuela.
En lugar de ofrecer orientación para el retorno, el personal del INM los trasladó a un centro de detención en Toluca, Estado de México, sin notificar su paradero ni permitirles comunicarse con sus familiares. Estas prácticas de contención migratoria contravienen el marco legal vigente.
Incumplimientos en Ley de Migración y protección de familias migrantes
La Ley de Migración mexicana, reformada en noviembre de 2020, prohíbe expresamente la detención de familias con niñas, niños y adolescentes migrantes. La retención de Liseth y Misael vulnera el principio de protección especial a la infancia establecido por la norma.
El traslado sin información sobre derechos ni acceso a asesoría legal demuestra irregularidades en los procedimientos del INM. Este episodio evidencia la carencia de protocolos para el trato diferenciado de grupos en situación de vulnerabilidad.
Condiciones en centro de detención y testimonios de derechos humanos
El hermano de la detenida, liberado poco después, relató la falta de alimentación y la ausencia de atención médica durante el tiempo que Liseth y Misael permanecieron bajo custodia. Señaló también que fueron subidos a una camioneta sin identificación oficial.
La familia teme un posible traslado al sur del país o incluso la deportación inmediata a Venezuela, sin que exista información oficial sobre su estado ni plazos de resolución. Esta incertidumbre agrava la vulnerabilidad de los afectados.
Recursos legales y pronunciamientos de derechos humanos
Ante la falta de respuestas, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) promovió un amparo indirecto y presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, se involucró la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
Organizaciones civiles y organismos internacionales han denunciado estas prácticas de detención como regla general y exigido medidas concretas al INM. La controversia subraya la necesidad de garantizar el respeto a derechos humanos y protocolos claros en la gestión migratoria.
