Detención arbitraria de defensor de los derechos humanos

La familia de Luis Rey García Villagrán señaló que su aprehensión, ocurrida el 5 de agosto, carece de fundamento legal y responde a un patrón de detención arbitraria. Según sus allegados, el procedimiento buscó silenciar su labor en favor de las personas migrantes.

García Villagrán, director de Centro de Dignificación Humana A.C., había organizado de forma legal y pacífica la salida de una nueva caravana de migrantes desde Tapachula. Su arresto coincidió con este evento y, según sus parientes, forma parte de una estrategia para inhibir la defensa de los derechos humanos.

Acusaciones de tráfico de personas y criminalización del activismo migrante

Autoridades mexicanas le imputan delitos como tráfico de personas y delincuencia organizada. La familia calificó estas acusaciones de infundadas, al considerarlas un intento de criminalizar el trabajo humanitario que ha llevado a cabo durante años.

Desde 2020, Luis Rey ha respaldado a migrantes de Haití, Centroamérica, Venezuela y África, ayudando a gestionar amparos sin cobrar honorarios. Para sus allegados, la calificación de sus acciones como ilícitas contraviene el principio de presunción de inocencia y estigmatiza la asistencia legal.

Denuncia por presunta corrupción en institutos migratorios

Recientemente, el activista presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción vinculados al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). El escrito incluye señalamientos sobre trámites irregulares y posibles desvíos de recursos.

En el documento, se detalla cómo solicitó la intervención de la autoridad para investigar supuestas irregularidades en procesos de asilo y visas. La familia insiste en que estas denuncias forman parte de su labor de vigilancia y transparencia en la gestión migratoria.

Detalles de la denuncia ante la FGR

El expediente entregado a la fiscalía contiene testimonios de personas migrantes que habrían sufrido demoras injustificadas en la entrega de documentos, así como quejas sobre cobros indebidos. La denuncia solicita indagar depósitos y contratos relacionados con ambos organismos.

Asimismo, se pide que la FGR recabe declaraciones de empleados del INM y la COMAR, comparezcan funcionarios responsables de la tramitación y analice posibles conductas de corrupción administrativa.

Reclamos de presunción de inocencia y defensa justa

La familia del defensor exigió el respeto a la presunción de inocencia y acceso a una defensa justa y transparente. Consideran esencial que las autoridades proporcionen información clara sobre el proceso penal y permitan la intervención de abogados independientes.

Como parte de sus peticiones, solicitaron la revisión de las pruebas presentadas y la apertura de audiencias públicas que garanticen el derecho a la debida defensa. Insisten en que cualquier señalamiento debe corroborarse antes de emitir medidas restrictivas de libertad.

Demandas sobre atención de organismos de derechos humanos

Se reagregó la petición para que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos den seguimiento al caso. La familia subrayó la necesidad de vigilancia externa frente a posibles irregularidades en el proceso de judicialización.

Además, se pidió a los medios evitar reproducir narrativas criminalizadoras sin documentación previa. Exhortaron a realizar verificaciones de datos antes de difundir versiones que pudieran reforzar la estigmatización de la labor humanitaria.